AGUA PARA LAS MINERAS O PARA LOS ARGENTINOS

Por Miguel Bonasso - Diputado Nacional

Los glaciares son bellos, pero ocultan mucha porquería humana bajo el hielo y expresan, una vez más, la histórica pulseada entre la dignidad nacional y la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero. En el caso que nos ocupa, estamos hablando del agua y de esa gran fábrica de agua que es la Cordillera de los Andes, el símbolo malversado pero insustituible de la gran batalla americana librada por San Martín.

El agua de los argentinos y los Andes que la producen en los glaciares y las áreas periglaciales están en peligro de mutilación, contaminación y muerte . Sólo una gesta nacional puede rescatarlos de empresarios gangsteriles y políticos inescrupulosos que cobran de las trasnacionales.

La escena procaz del almuerzo entre la Presidenta Cristina Kirchner y el capo de la Barrick Gold, Peter Munk, parece una provocación a esos miles de productores, asambleístas y ambientalistas que aquí y en Chile protestan por la evidente contaminación de la minería a cielo abierto y el peligro que se cierne sobre ambos países con la megamina de Pascua-Lama, un nuevo país minero entre dos naciones que se suponía soberanas. El encuentro, que duró cuatro horas, es una bofetada a los que denuncian la falta de agua o los efectos cancerosos del arsénico en el río Jachal. Parece que la primera magistrada y los “gobernadores cordilleranos” que la acompañaron quisieran decirnos: “Denuncien, critiquen o incluso legislen, que si legislan en contra del oro y a favor del agua los vamos a vetar como ya lo hicimos”. Luego dieron un paso adelante, anunciando leyes provinciales de supuesta protección a los glaciares, que en realidad pretenden proteger a las inversiones mineras de una ley nacional, como la que votará Diputados en las próximas horas.

La ley es la letra pero también una historia que precede su formulación. En 2008, ambas cámaras del Congreso votaron por unanimidad la primera ley nacional que protegiera a glaciares y áreas periglaciales, que constituyen la mayor reserva de agua potable del país. En vez de promulgarla, la Presidenta la vetó, de manera total, en noviembre de ese año. Dos días después, la entonces Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, me confesó que la Presidenta había vetado la ley por presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, vinculado por negocios familiares a la Barrick Gold y al gigantesco emprendimiento de Pascua-Lama. El veto lo confirmó eufemísticamente al hablar de la “preocupación de los gobernadores de las provincias cordilleranas”, a quienes se intentó complacer con un foro de discusión que pretendía subrogar al gran foro de la democracia que es el Congreso.

En Diputados intentamos resistir el veto , pero necesitábamos una mayoría imposible de alcanzar sin el oficialismo: tres cuartos de los votos. Entonces, decidí presentar un proyecto de ley que era un clon de la ley vetada, cuya autoría corresponde a la ex diputada Marta Maffei y que cuenta ya con un dictamen de mayoría de las Comisiones de Recursos Naturales y Minería.

Simultáneamente, los hermanos del gobernador de San Juan, el senador César Gioja y el diputado Juan Carlos Gioja, presentaban en cada Cámara sendas normas que excluían de la protección a esas verdaderas fábricas de agua que son las áreas periglaciales. Estos proyectos, groseramente pro mineros , fueron reemplazados después por un nuevo texto consensuado por el senador oficialista Daniel Filmus, que también dejaba sin protección a las áreas periglaciales. Esta iniciativa fue aprobada en el Senado y pasó a Diputados.

Dentro de pocas horas, la Cámara Baja deberá elegir entre estos dos textos, aparentemente muy parecidos en la letra, pero opuestos en el espíritu. Más allá de los tecnicismos y especificidades que resultaría engorroso detallar aquí, puedo arriesgar un juicio categórico: la ley vetada protege el agua pura e indispensable que nace de áreas periglaciales; la ley del Senado, no.

Cuando la gente de buena fe se pregunta “si los dos proyectos son tan parecidos, ¿por qué no llegan a un acuerdo?”, la única respuesta posible es que toda ley es perfectible, a partir de que no se vulneren los principios y necesidades que llevaron a formularla.

La foto de la Presidenta de la República con Peter Munk y tres banderas (la de Argentina, la de Canadá y la de Barrick Gold) esclarecen al lector sobre lo que está en juego: el agua será para las mineras trasnacionales o para los ciudadanos argentinos.

Carlos Alberto Da Silva
Fuente: http://www.clarin.com/politica/congreso/Agua-mineras-argentinos_0_298170210.html

EL INFORME DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL SOBRE MATRIMONIO HOMOSEXUAL Y ADOPCIÓN POR PAREJAS DEL MISMO SEXO

El informe de la Universidad Austral

Por Roberto Gargarella *

La Universidad Austral, como institución, acaba de publicar un extenso documento titulado “Matrimonio homosexual y adopción por parejas del mismo sexo”. Siendo el principal trabajo teórico hecho por los opositores al matrimonio gay, quisiera –en este breve espacio– comenzar su análisis crítico.

- Datos y prejuicios. Como primera cuestión, importa señalar que el estudio peca de una falta muy grave, al tomar como dados informes médicos y psicológicos que vienen a reforzar los peores perjuicios contra los homosexuales (descriptos como seres con tendencias a la neurosis, la psicosis, la ansiedad y la depresión; proclives al “abuso de sustancias”, con “tendencias al suicidio” y “secuelas de persecución sexual”). Esta actitud es criticable por muchas razones: i) se toma por válidos, de manera acrítica, informes parciales y sesgados; ii) la validez de los datos citados es similar a la que podría tener un informe que señalara que los judíos son más codiciosos y las mujeres más histéricas: no sólo se trata de prejuicios impropiamente generalizados, sino que además se pretende darles a los mismos un alcance jurídico indebido –como si se les negara adoptar a los judíos o a las mujeres por los “defectos” señalados–, sin considerar sus posibles virtudes ni los defectos generalizables a cualquier otro grupo –los “blancos son más racistas que los negros”, los “varones son más violentos que las mujeres”–; iii) aun si se aceptara el contenido de tales reportes médicos (cosa que no hago), podría decirse que los males descriptos surgen de la tremenda discriminación que en el mismo informe auspicia –discriminación que, para colmo, se pretende que el derecho refuerce–; iv) si se probara que, por caso, los varones son mucho más violentos que las mujeres, y mucho más discriminadores que los homosexuales, ello no daría razones para privar a “todos” los varones de sus derechos (i. e., su derecho a adoptar). Por el contrario, caso por caso, debería resolverse si, por ejemplo, el varón adoptante forma parte o no del colectivo tendencialmente más violento. La ofensa incorporada de este modo en el informe socava, desde un inicio, la autoridad del mismo. Sin embargo, quisiera seguir con la argumentación.

- Definiciones. Como es habitual, el informe quiere resolver muchas de las cuestiones que aborda definiendo, de antemano, los conceptos que quiere estudiar –típicamente, el de matrimonio–. Se trata de un típico caso de petición de principios, ya que el informe asume entre sus premisas la misma proposición que pretende probar (más allá de que, incluyendo subrepticiamente nociones como la de “procreación” en el concepto de matrimonio, el informe deja fuera del mismo a ancianos, infértiles y parejas que no quieren procrearse).

- Derechos. Todo el informe se encuentra recorrido por una idea extraña sobre los derechos. Se dice, por ejemplo, que no existe un derecho fundamental a adoptar, pero sí un derecho –del menor– a ser socialmente amparado. Más allá de este uso discrecional de la idea de derechos, subyace a esta visión otro problema: si el Estado repartiese a todos, menos a X, un plato de lentejas diario, la acción del Estado no podría justificarse por la “inexistencia de un derecho constitucional al plato de lentejas”. La idea de derechos dice otra cosa: en una sociedad de iguales, el Estado no puede privar a nadie de los beneficios que asigna a otros, sin razones poderosísimas de su lado. Si lo hace, discrimina y priva a alguien de su derecho a ser tratado como un igual. (El informe dice que no discrimina porque los homosexuales, “como los heterosexuales”, siguen teniendo el “derecho de casarse con una persona de otro sexo”. Ello es tan agraviante como decirle a un disidente, al que se censura, que “él también, como todos los demás, goza del derecho de elogiar al presidente que hoy critica”).

- Igualdad. En relación con el punto anterior, la única razón importante que da el informe para sostener las discriminaciones que propicia es la de la igualdad: homosexuales y heterosexuales merecen distinto trato porque son diferentes. Para ello, lamentablemente, el informe recurre a la idea, tan trillada como vacua, según la cual “es tan injusto tratar diferente a los iguales, como igual a lo que es distinto”. Sin cambiarle una coma, la misma frase permitiría discriminar a la comunidad negra, por su color de piel, y a los árabes, simplemente por serlo. Lo que importa no es, entonces, la existencia de diferencias (siempre las hay), sino si se trata de diferencias moralmente relevantes para el propósito en juego (y ya vimos por qué los reportes ofensivamente citados como respaldo, en este sentido, no merecen ser tomados en cuenta).

* Doctor en Derecho. Profesor en Derecho Constitucional (UBA-UTDT).

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/149461-47991-2010-07-14.html

Ver más en: http://seminariogargarella.blogspot.com/2010/07/el-informe-de-la-universidad-austral.html

 

Carlos Alberto Da Silva

CÓMO REEQUILIBRAR EL PODER

Estamos saturados de delegaciones legislativas de todo tipo. Este papel de centralidad del Poder Ejecutivo y de sus órganos inferiores exige preguntarnos cómo dotar de mayor calidad institucional al vínculo entre el Congreso y la Presidenta.

Carlos F. Balbín - PROFESOR TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO (UBA)

Clarín 22 de junio de 2010.

Fernando Romera

COSTUMBRES ARGENTINAS

Beatriz Sarlo para La Nación del jueves 10 de junio de 2010.-

La corrupción no le importa a nadie, me dice un amigo. Los miles de minutos emitidos y de centímetros impresos destinados al tema se justificarían por lo menos en una de las dos razones siguientes: la corrupción es una noticia que la gente sigue con interés, o esas incesantes noticias finalmente llegan a interesar a lectores y televidentes.

Pero si mi amigo tiene razón, se gasta pólvora en chimangos, no sólo porque escasean los jueces y fiscales que se atrevan con la corrupción, sino también porque a muchos argentinos les resulta más o menos indiferente, aunque no lo digan de modo explícito porque sería un cinismo que pocos están dispuestos a practicar abiertamente.

                                    

Carlos Alberto Da Silva

LA INTERVENCIÓN FEDERAL, ACTO INSTITUCIONAL

LAS INTERVENCIONES FEDERALES EN LA PRIMER PRESIDENCIA DE YRIGOYEN (1916-1922).-

1.- Introducción.

Ana Virginia Persello, en su libro “El Partido Radical”1, plantea la idea que una de los rasgos característicos desplegados por Hipólito Yrigoyen en su primera presidencia, (1916-1922), fue identificar su política con la causa de la “Nación”. Es decir, se articuló un discurso hegemónico, que excluía la posibilidad lógica de soluciones alternativas a las decididas por la administración radical.

Uno de los escenarios en que puede confrontarse dicho análisis, es el de las intervenciones federales a las provincias que el Presidente Yrigoyen realizó en su primer mandato.

Conforme Persello, dichas intervenciones alcanzaron la cifra de 19 (1916-1922), diez a provincias gobernadas por los conservadores, todas por decreto, y las restantes a gobiernos radicales, cinco por decreto y cuatro por leyes del Congreso.2

Previo a ingresar al desarrollo de la temática planteada, corresponde individualizar esquemáticamente, el perfil institucional construido por la Constitución Nacional de 1853-1860, cuyo orden jurídico era el vigente al momento de los hechos analizados.

Las categorías del Derecho Constitucional serán un referente idóneo para compulsar los instrumentos jurídicos que adoptó cada una de las intervenciones federales, todo ello a efectos testear la existencia de un accionar hegemónico en el primer gobierno de Yrigoyen.

Luis E. PRAVATO

Aceleran la puesta en marcha del fuero ambiental en Provincia.

El proyecto fue enviado a la Suprema Corte bonaerense para que se estudiado por sus integrantes y luego será girado a las dos cámaras parlamentarias. En una primera etapa, contará con ocho tribunales específicos para causas por contaminación y daño ambiental con consecuencias humanas.

El gobierno de Daniel Scioli decidió apurar la creación del fuero ambiental en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Allí se podrán presentar las denuncias por agresiones a recursos naturales o por contaminación. En la actualidad, esas causas concluyen en tribunales que no tienen preparación en el campo ecológico.

En una primera etapa, se pondrán en funcionamiento al menos ocho tribunales especializados en medio ambiente que abrirían sus puertas en los próximos meses. La presentación del proyecto fue realizada de manera conjunta por el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, José M. Molina, y por el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal. Ambos funcionarios ya se pusieron en contacto con legisladores oficialistas y opositores para presentar el texto de la iniciativa.

Texto completo:
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=39985
 
Publicado por Federico Pablo Cabrera