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sábado, 24 de julio de 2010

LA MODERNIDAD SE OCUPA DE MODIFICAR EL MATRIMONIO

La Argentina ya tiene ley de matrimonio igualitario. ¿Qué criterios históricos, sociológicos y psicológicos conviene tener en cuenta cuando se habla de nuevas formas de vinculación afectiva? Aquí, dos visiones complementarias.

Por Daniel Borrillo - PROFESOR DE DERECHO PRIVADO, UNIVERSIDAD DE PARIS OUEST. INVESTIGADOR DEL CNRS DE FRANCIA

En la controversia actual sobre el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo, es usual abordar la cuestión como una ruptura con la tradición. Pero ¿de qué tradición estamos hablando? Desde la Revolución Francesa, el matrimonio deja de ser concebido como un sacramento.

Aunque para el derecho canónico, la diferencia de sexos es consustancial a la unión, pues el matrimonio conlleva la finalidad reproductiva, en el ámbito civil, en cambio, lo que resulta particularmente relevante es la voluntad de los contrayentes.

No es la consumación (unión de los cuerpos) lo que cuenta sino el consentimiento (unión de las voluntades). En ese sentido el matrimonio entre personas del mismo sexo se inscribe plenamente en esta “tradición” que denominamos “la modernidad”.

Al referirse al matrimonio muchos de los opositores hacen referencia no tanto a la dimensión civilista de las bodas sino a su pasado sacramental. Que la Iglesia se oponga al sacramento matrimonial para las parejas homosexuales resulta evidente, pero nada tiene que decir respecto al derecho civil matrimonial. El movimiento LGBT (lesbiano, gay, bisexual y transexual) produjo el triunfo de una visión contractualista y desacralizada de la vida familiar, concebida de ahora en adelante al servicio del individuo y no éste al servicio de aquélla.

Si el feminismo puso fin al “contrato de género” denunciado como la perpetuación de la desigualdad social y política de la mujer, el movimiento LGBT radicaliza dicha evolución pues rompe con la base misma de la diferencia de sexos como constitutiva del contrato matrimonial. Por eso los códigos modernos no hablan ya de “marido” y “mujer” ni de “padre” y “madre”, denominaciones de tipo residual que hacen referencia a la especificad de las funciones masculinas y femeninas, sino de “cónyuges” y “genitores”, terminología más adecuada con la exigencia de igualdad entre las partes ya que los derechos y obligaciones no están determinados por el sexo de los contrayentes.

Holanda, Bélgica, España, Canadá, Suecia, Sudáfrica, Portugal y varios Estados de los EE. UU. han ya abierto el matrimonio a las parejas de mismo sexo. El conjunto de los partidos de izquierda de Europa ha integrado en sus plataformas electorales el derecho de gays y lesbianas al matrimonio.

El debate actual constituye una ocasión importante para asumir sin cortapisas los principios políticos de la modernidad: desacralización de las nupcias, disociación entre sexualidad y reproducción, contractualización de las relaciones familiares.

Las instituciones familiares no están fundadas en un orden natural que trasciende la voluntad individual. Cada ciudadano, hetero u homosexual, construye su propia familia en función de sus deseos e intereses. El rechazo del matrimonio homosexual muchas veces no es más que la hostilidad hacia la modernidad política, social y jurídica. El horror que produce el matrimonio gay es proporcional al temor de fundar la vida social en valores inmanentes y no en una metafísica naturalista. Los argumentos que se utilizan contra la igualdad para las parejas homosexuales no son novedosos, han sido usados por los conservadores contra los matrimonios interraciales, contra la igualdad de las mujeres, contra el sufragio universal …

Todas estas evoluciones fueron también consideradas como situaciones apocalípticas, fruto del miedo irracional al cambio. La modernidad es siempre un proyecto inacabado, una asignatura pendiente, con un gran potencial utópico. Por eso cada piedra que se trae al edificio del progreso social constituye un aporte extraordinario que debemos celebrar. Hoy le debemos dicha contribución al movimiento gay que reactualiza todos los combates anteriores de las minorías que enriquecieron la democracia


 
Carlos Alberto Da Silva

LA MITAD DE LOS PARTIDOS CHICOS PUEDE PERDER SU PERSONERÍA

Por la ley de Reforma Política corren riesgo fuerzas como el Partido Comunista, el Humanista o el PI.

Por Carlos Galván

RIESGO. PINO SOLANAS, EN UN ACTO EN MARZO. EN
                    2007 USO LA PLATAFORMA DEL HISTORICO PSA, HOY AMENAZADO.


La ley de Reforma Política está provocando alboroto en la mayoría de los partidos políticos. Es que la norma obliga a que en los próximos meses cada organización alcance un piso mínimo de afiliados y a casi todas les está costando horrores llegar a ese número. Así, prácticamente la mitad de los partidos hoy se encuentra “en alto riesgo de perder su personería” , según reconocieron en la Justicia Electoral. Algunos de los partidos a los que la Reforma les complica el panorama son clásicos de la política argentina, como el Comunista, el Humanista, el Intransigente y el Socialista Auténtico. Hasta el histórico MID podría perder su personería en algunos distritos del interior.

De acuerdo a un informe elaborado por la Cámara Nacional Electoral y al que accedió Clarín , al pasado 6 de julio había reconocidos en el país 36 partidos nacionales y 286 partidos de distrito (son los que presentan en las elecciones candidatos a legisladores nacionales pero no para presidente).

La ley fija que para ser partido nacional se necesita tener personería en al menos 5 distritos . También que debe tenerse un mínimo de afiliados en cada distrito. En la Ciudad, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza el piso es de 4.000 afiliados . En el resto del país el piso varía: en Catamarca es de 989 afiliados; en Río Negro 1.684; en Misiones 2.787; en Tierra del Fuego 382; entre otras provincias.

En las elecciones de 2007 Fernando “Pino” Solanas usó la plataforma del Partido Socialista Auténtico (PSA) para su candidatura a presidente. Tres años después, ese partido podría perder la categoría de partido nacional : en San Juan, uno de los 5 distritos en los que está reconocido, no llegan al mínimo de afiliados que la ley fija (1.814). “Estamos haciendo campañas de afiliación”, contó Mario Mazzitelli, secretario general del PSA. Mazzitelli e s hípercrítico de la ley de Reforma Política . “Esta ley es más proscriptiva que la de la última dictadura. Lo que están haciendo es un parricidio antidemocrático. Llevo 38 años militando en el Partido Socialista. Somos una institución histórica: se puede mirar con lupa nuestra trayectoria”.

De acuerdo al dirigente socialista, la legislación “ es funcional al Gobierno y a la UCR . Pretenden terminar con los partidos políticos para que no aparezcan nuevas fuerzas emergentes”.

Luis Ammann, dirigente del Partido Humanista, contó que en 14 provincias el humanismo “va a perder la personería”. Otro que podría tener problemas es el partido PAÍS. Su apoderado, Juan Ruiz, reveló que sólo en las provincias de Córdoba y Buenos Aires superan el mínimo de afiliados exigidos por la norma. “En la Ciudad, Mendoza y Santa Fe nos faltan afiliados. Estamos en campaña de afiliación y tenemos unos meses más para llegar al número. Si no lo alcanzamos, perderíamos la personería nacional”, dijo.

Una situación similar atraviesa el PC . Roberto Vallarino, su apoderado, recordó que el partido llegó a tener personería en 16 distritos pero que hoy la “conservan en unos 7. Con que se nos caigan dos más, perdemos la personería nacional”. El presidente del MID, Carlos Zaffore, afirmó que su partido está vigente en 18 distritos. “No sé si conseguiremos conservar todos, pero vamos a tener más de los 5 que exige la ley. El MID no está en peligro para nada”.

El PI ya perdió la personería en Corrientes, Neuquén y Jujuy. “A los partidos que no tienen grandes referentes se nos está haciendo muy difícil: la gente no hace cola para afiliarse”, dijo el dirigente intransigente Gustavo Cardesa.

 
Carlos Alberto Da Silva

ACUERDO OPOSITOR PARA REGULAR EL REPARTO DE LA PUBLICIDAD ESTATAL

Por Alejandro Alfie

En los últimos seis años el Gobierno aumentó 17 veces la cantidad de dinero que gastó para la publicidad oficial, sin contar los cientos de millones que usó en publicidad en los partidos de Primera División dentro del espacio Fútbol para Todos.

“La manipulación de la publicidad oficial en estos años ha sido vergonzante”, aseguró Margarita Stolbizer, titular del GEN. Por eso, el plan de los bloques de la oposición es que haya mayor control y menor discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial.

El diputado socialista Roy Cortina señaló que “el objetivo es establecer un marco normativo integral, que establezca reglas transparentes y claras para la distribución de los fondos públicos destinados a la publicidad oficial”.

Luego de la victoria que lograron el martes en la Comisión de Comunicaciones -a cargo de la aliada K Silvia Vázquez- , al forzar un cronograma de debates que comenzará el 3 de agosto en un plenario conjunto con Libertad de Expresión -presidida por la radical Silvana Giúdici-, los diputados de la oposición avanzaron en un proyecto consensuado. Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, explicó que “ya tenemos acuerdo en fijar criterios para el tipo de publicidad que se podrá hacer, la distribución por tipo de soporte, medio, audiencia y campaña que se realice”.

Dos temas sobre los que todavía están discutiendo son la autoridad de aplicación y el porcentaje de publicidad oficial que podrá recibir un medio. Estaría en el orden del 20% de sus ingresos totales para los medios privados comerciales.

Para aprobar un proyecto conjunto, los diputados del denominado “Grupo A” armaron una estrategia política a la que adhieren la UCR, la Coalición Cívica, el PJ Federal, el PRO, el socialismo y el GEN. El plan es que las comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión comiencen escuchando a los autores de los siete proyectos presentados para regular la publicidad oficial y que a mediados de agosto se firme el dictamen para poder tratarlo en el recinto antes de fin de ese mes.Mientras tanto, funciona una subcomisión de asesores que elabora el texto de consenso.

"Ahora tenemos una clara mayoría, que nos permite implementar lo que hicimos durante tres años en la Comisión de Libertad de Expresión”, dijo Silvana Giúdici, quien insistió para que se realice el plenario de las dos comisiones.Hace tres años que los bloques opositores vienen trabajando para regular la distribución de la pauta oficial. Pero el oficialismo trabó esas iniciativas mientras era mayoría, para que el Gobierno pudiera seguir incrementando y distribuyendo arbitrariamente la pauta oficial.

Así fue como el Ejecutivo aumentó los fondos que destina a este rubro y trató de reforzar el control sobre los medios que reciben la pauta. Por eso, si se aprueba esta ley, muchos se preguntan cómo se financiarán los medios que surgieron en los últimos años al calor de la publicidad estatal.

 
Carlos Alberto Da Silva

miércoles, 14 de julio de 2010

LA JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROHIBE A LA POLICÍA METROPOLITANA EL USO DE PISTOLAS ELÉCTRICAS

La jueza Andrea Danas, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9, hizo lugar a una acción de amparo. Señaló que las armas Taser pueden causar la muerte o graves daños en la salud de una persona. Fallo completo

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Andrea Danas, hizo lugar a una acción de amparo y prohibió el uso de las armas Taser X26 a la Policía Metropolitana.

La causa había sido iniciada por una persona, en su carácter de ciudadano y de miembro del Observatorio de Derechos Humanos, contra el Gobierno de la Ciudad, a fin de que se impida la utilización de las armas “no letales” Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad, específicamente por parte de la Policía Metropolitana, “por consistir las mismas en un elemento de tortura”.

En su fallo, la magistrada aseguró que aún “bien utilizadas” por personal idóneo y altamente capacitado, “las armas Taser X 26 pueden causar la muerte o graves daños en la salud de una persona, pues ello no depende del arma en sí, ni de la pericia de la mano que la porte, sino de una situación previa y anterior al estado de cosas que un agente de seguridad debe enfrentar. Frente a la ignorancia de esas cuestiones, será inevitable que se cause un daño no previsto que puede desembocar fatalmente en la muerte de la persona”.

 
Carlos Alberto Da Silva

AGUA PARA LAS MINERAS O PARA LOS ARGENTINOS

Por Miguel Bonasso - Diputado Nacional

Los glaciares son bellos, pero ocultan mucha porquería humana bajo el hielo y expresan, una vez más, la histórica pulseada entre la dignidad nacional y la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero. En el caso que nos ocupa, estamos hablando del agua y de esa gran fábrica de agua que es la Cordillera de los Andes, el símbolo malversado pero insustituible de la gran batalla americana librada por San Martín.

El agua de los argentinos y los Andes que la producen en los glaciares y las áreas periglaciales están en peligro de mutilación, contaminación y muerte . Sólo una gesta nacional puede rescatarlos de empresarios gangsteriles y políticos inescrupulosos que cobran de las trasnacionales.

La escena procaz del almuerzo entre la Presidenta Cristina Kirchner y el capo de la Barrick Gold, Peter Munk, parece una provocación a esos miles de productores, asambleístas y ambientalistas que aquí y en Chile protestan por la evidente contaminación de la minería a cielo abierto y el peligro que se cierne sobre ambos países con la megamina de Pascua-Lama, un nuevo país minero entre dos naciones que se suponía soberanas. El encuentro, que duró cuatro horas, es una bofetada a los que denuncian la falta de agua o los efectos cancerosos del arsénico en el río Jachal. Parece que la primera magistrada y los “gobernadores cordilleranos” que la acompañaron quisieran decirnos: “Denuncien, critiquen o incluso legislen, que si legislan en contra del oro y a favor del agua los vamos a vetar como ya lo hicimos”. Luego dieron un paso adelante, anunciando leyes provinciales de supuesta protección a los glaciares, que en realidad pretenden proteger a las inversiones mineras de una ley nacional, como la que votará Diputados en las próximas horas.

La ley es la letra pero también una historia que precede su formulación. En 2008, ambas cámaras del Congreso votaron por unanimidad la primera ley nacional que protegiera a glaciares y áreas periglaciales, que constituyen la mayor reserva de agua potable del país. En vez de promulgarla, la Presidenta la vetó, de manera total, en noviembre de ese año. Dos días después, la entonces Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, me confesó que la Presidenta había vetado la ley por presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, vinculado por negocios familiares a la Barrick Gold y al gigantesco emprendimiento de Pascua-Lama. El veto lo confirmó eufemísticamente al hablar de la “preocupación de los gobernadores de las provincias cordilleranas”, a quienes se intentó complacer con un foro de discusión que pretendía subrogar al gran foro de la democracia que es el Congreso.

En Diputados intentamos resistir el veto , pero necesitábamos una mayoría imposible de alcanzar sin el oficialismo: tres cuartos de los votos. Entonces, decidí presentar un proyecto de ley que era un clon de la ley vetada, cuya autoría corresponde a la ex diputada Marta Maffei y que cuenta ya con un dictamen de mayoría de las Comisiones de Recursos Naturales y Minería.

Simultáneamente, los hermanos del gobernador de San Juan, el senador César Gioja y el diputado Juan Carlos Gioja, presentaban en cada Cámara sendas normas que excluían de la protección a esas verdaderas fábricas de agua que son las áreas periglaciales. Estos proyectos, groseramente pro mineros , fueron reemplazados después por un nuevo texto consensuado por el senador oficialista Daniel Filmus, que también dejaba sin protección a las áreas periglaciales. Esta iniciativa fue aprobada en el Senado y pasó a Diputados.

Dentro de pocas horas, la Cámara Baja deberá elegir entre estos dos textos, aparentemente muy parecidos en la letra, pero opuestos en el espíritu. Más allá de los tecnicismos y especificidades que resultaría engorroso detallar aquí, puedo arriesgar un juicio categórico: la ley vetada protege el agua pura e indispensable que nace de áreas periglaciales; la ley del Senado, no.

Cuando la gente de buena fe se pregunta “si los dos proyectos son tan parecidos, ¿por qué no llegan a un acuerdo?”, la única respuesta posible es que toda ley es perfectible, a partir de que no se vulneren los principios y necesidades que llevaron a formularla.

La foto de la Presidenta de la República con Peter Munk y tres banderas (la de Argentina, la de Canadá y la de Barrick Gold) esclarecen al lector sobre lo que está en juego: el agua será para las mineras trasnacionales o para los ciudadanos argentinos.