La exclusión electoral de los presos carece de aval constitucional y no hay ninguna razón para prohibirles la expresión de sus preferencias políticas.
Por Alvaro Herrero Leonardo Filippini
Director Ejecutivo de la
ADC
Una deuda aún pendiente desde que la Corte resolvió la cuestión en el
fallo Mignone, casi diez años atrás.
El problema de la restricción al derecho a votar de los detenidos, sin embargo, todavía se enfoca de un modo restringido. Y el argumento dominante, hasta ahora, únicamente indica que el principio de inocencia impide limitar la capacidad electoral de quien no haya sido condenado por sentencia firme. Naturalmente, sin condena no hay nada que reprochar. Y sin reproche, no hay sanción posible al ejercicio del voto.
Un enfoque más exigente, en cambio, reclama pensar sobre la calidad de las razones que tenemos para prohibir a otro expresar su preferencia política, incluso de un modo tan elemental como es votar. Si tomamos la condición universal del voto en serio, en efecto, debemos someter a un escrutinio estricto las restricciones electorales que imponemos a los otros, incluso a quienes violentaron una norma de convivencia social importante. Desde esta perspectiva, no podemos asumir que una condena arrastre necesariamente la prohibición de votar. Al contrario, debemos cuestionar duramente los argumentos que autorizan dejar a alguien sin voto, por la razón que fuere.
Lo cierto es que nuestra Constitución no autoriza expresamente ninguna restricción al voto y las leyes que lo regulan deben perseguir una finalidad justa y ser proporcionales a ella. En el caso de los condenados, tales fines no se advierten. La condena penal o el encierro ya son males suficientemente importantes por sí mismos y no ganamos nada si además excluimos del cuerpo político a quienes nos ofendieron.
Como una rémora del destierro o la muerte civil, la limitación al voto se parece demasiado a un puro estigma infamante, antes que a un esfuerzo colectivo serio por dirimir los conflictos graves de acuerdo a las pautas de la democracia.
Es tiempo de que avancemos en la ampliación de la representación política. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Canadá y Sudáfrica ya han avanzado sobre este asunto y no admiten más prohibiciones genéricas como las de nuestra legislación. Entonces, así como abjuramos de la tortura y de la pena de muerte, debemos desterrar definitivamente también las injustas restricciones de derechos que todavía subsisten y condicionan la base misma de nuestro sistema de toma de decisiones conjuntas.
Fuente:
http://www.clarin.com/ edición impresa del 06/10/2011
Ver fallo sobre este tema:
http://alumnosmdag.blogspot.com/2011/10/derecho-al-sufragio-de-los-condenados.html
