Resumen Ejecutivo:
El presente informe analiza los procesos de implementación de normas y políticas públicas vinculadas a la protección y ejercicio del derecho de acceso a la información pública (AIP) que se verifican en siete países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
El AIP es una institución que comenzó a ser adoptada con vigor por la mayoría de los países en la región en la última década, con la esperanza de que constituyera una medida efectiva para combatir la corrupción, reducir la asimetría en la información que circula entre el Estado y los ciudadanos, proteger y garantizar otros derechos humanos y fortalecer los procesos de rendición de cuentas.
Los organismos del sistema interamericano de protección de derechos humanos (SIDH) proveyeron un fuerte respaldo a estos procesos de diseminación de regulaciones y leyes de acceso en la región, a través de distintos instrumentos, resoluciones y una serie de importantes declaraciones. El proceso de reconocimiento del derecho fue confirmado por un fallo histórico pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006 (Claude Reyes vs Chile), que además delimitó con precisiones las obligaciones del Estado en materia de acceso a la información. La existencia a nivel interamericano de grupos de la sociedad civil que actuaron -y actúan- como impulsores y guardianes del derecho posibilitó una mayor visibilidad y mayor protección del mismo.
Más cerca en el tiempo la Declaración de Principios del Comité Jurídico Interamericano y la adopción por parte de la Asamblea de la OEA de una Ley Modelo sobre Acceso a la Información, completaron un cuadro de fuerte respaldo normativo supranacional.
Desde fines de 1990 a la fecha 14 países de América Latina y el Caribe han adoptado leyes de AIP, pero ese éxito en la adopción de marcos legales protectores del derecho no fue seguido en todos los casos por la diseminación de una cultura de la transparencia y del gobierno abierto en los Estados obligados por estas normas.
Sin olvidar los aspectos normativos, el proyecto “Venciendo la cultura del secreto” se focaliza principalmente en los obstáculos institucionales, culturales y de participación que el AIP encuentra para su incorporación a la cultura de las organizaciones públicas en siete países latinoamericanos estudiados. En ese sentido pretende aportar a la materialización del derecho al acceso a la información en los países del continente, como una herramienta central del fortalecimiento democrático.
El marco de las declaraciones internacionales y las leyes de AIP que los países adoptan, constituyen una guía adecuada acerca de las obligaciones y nuevos procesos que implica el acceso a la información para los Estados. Observar los programas de implementación e incorporación de esta institución en distintos países, es un asunto central para que estas regulaciones no queden en una simple simulación de apertura, rendición de cuentas y transparencia.
En la sección I se ofrece un resumen de los principales hallazgos de la investigación en cada una de las variables del AIP estudiadas y las recomendaciones que los autores hacen a los distintos actores (gobiernos, organismos internacionales, etcétera), para aportar elementos a la construcción de políticas públicas de acceso a la información y transparencia. En la sección II se presentan los resultados de la investigación, abordando las distintas variables analizadas y las conclusiones arribadas en cada uno de los países estudiados.
