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lunes, 30 de enero de 2012

El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del Estado: un estudio comparado

Mariano A. Sapag

Resumen
El análisis de la validez constitucional de una norma no puede limitarse a un mero control formal o adjetivo; es necesario un control constitucional de razonabilidad y proporcionalidad sobre el contenido mismo de la norma: los medios arbitrados y sus fines, y su respeto por los derechos fundamentales.

El trabajo pretende exponer las cualidades principales del principio de razonabilidad –o de proporcionalidad, tal como se lo reconoce en el derecho continental–, y esbozar las pautas y reglas para una correcta aplicación.

La máxima de razonabilidad se analiza en este trabajo a partir de un estudio comparado de su funcionamiento en el derecho estadounidense, el derecho continental y el derecho argentino. El principio en cuestión no puede ser analizado sin referencia a la problemática de la interpretación de los derechos fundamentales, por lo que se realiza una aproximación a este tema, también a partir de la visión jurisprudencial, doctrinaria y constitucional en las distintas tradiciones jurídicas.

PALABRAS CLAVE
Control de constitucionalidad, principio de proporcionalidad, razonabilidad, debido proceso sustantivo, ley de ponderación, interpretación de derechos fundamentales
Fuente: Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

martes, 24 de enero de 2012

The Reality of Social Rights Enforcement

David Landau

Despite the lack of socio-economic rights in the U.S. Constitution and the absence of political will to enforce them, the vast majority of constitutions around the world now include these rights, and courts are enforcing them in increasingly aggressive and creative ways. Scholars have produced a large and theoretically rich literature on the topic. Virtually all of this literature assumes that social rights enforcement is about the advancement of impoverished, marginalized groups. Moreover, the consensus recommendation of that literature, according to scholars like Cass Sunstein and Mark Tushnet, is that courts can enforce socio-economic rights but should do so in a weak-form or dialogical manner, whereby they point out violations of rights but leave the remedies to the political branches. These scholars argue that by behaving this way, courts can avoid severe strains on their democratic legitimacy and capacity. Based on an indepth case study of Colombia, which draws on my extensive fieldwork within that country, and on evidence from other countries including Brazil, Argentina, Hungary, South Africa, and India, I argue that both the assumption and the consensus recommendation are wrong. In fact, most social rights enforcement has benefitted middle- or upper-class groups, rather than the poor. Courts are far more likely to protect pension rights for civil servants or housing subsidies for the middle class than they are to transform the lives of marginalized groups. Moreover, the choice of remedy used by the court has a huge effect on whether impoverished groups feel any impact from the intervention. Super-strong remedies like structural injunctions are the most likely ways to transform bureaucratic practice and to positively impact the lives of poorer citizens. The solution to the socio-economic rights problem is to make remedies stronger, not weaker.

Table of Contents
Introduction . . . 402 R
I. The Existing Debate. . . 405 R
A. The Debate on Inclusion of Social Rights in
Constitutions. . . .  405 R
B. The Debate on Enforcement and the South African
Obsession . . .  408 R
C. The Reality of Social Rights Enforcement . . .  411 R
II. A Case Study on the Difficulties of Social Rights
Enforcement . . .  414 R
A. Background on the Creation of the 1991 Constitution and
Constitutional Court . . .  415 R
B. The Construction of the Vital Minimum Principle . . .  419 R
C. The Vital Minimum Evolves: Individualized
Enforcement . . .  421 R
D. The Vital Minimum Evolves: Large-Scale Judicial
Populism . . .  428 R
E. Attempted Refocus on the Vital Minimum Principle . . .  433 R
F. Conclusions from the Case Study . . .  441 R
III. Evidence from Other Countries . . .  442 R
A. Individualized Enforcement . . .  442 R
B. Negative Injunctions . . .  444 R
C. Structural Injunctions . . .  447 R
IV. Implications . . .  450 R
A. The Conceptual Apparatus of the International Law of
Social Rights . . .  450 R
B. The Nature of the International Dialogue on Comparative
Constitutional Law . . .  453 R
C. Avoidance of Judicial Populism. . . . 455 R
D. Substitutes for Constitutional Courts . . .  457 R
V. Conclusion: Coming to Grips With a Middle-Class
Social Rights Jurisprudence . . .  458 R

Full Article
Source: Harvard International Law Journal

jueves, 19 de enero de 2012

La evaluación del desempeño de los agentes públicos

Voces: EMPLEO PUBLICO ~ EMPLEADO PUBLICO ~ CARRERA ADMINISTRATIVA ~ ADMINISTRACION PUBLICA ~ IGUALDAD ANTE LA LEY ~ PUBLICACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO ~ PRINCIPIO DE IGUAL REMUNERACION POR IGUAL TAREA ~ LEY NACIONAL DE EMPLEO ~ ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES ~ SISTEMA REPRESENTATIVO REPUBLICANO Y FEDERAL ~ ESTADO NACIONAL ~ PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA 

Autor: Barraza, Javier Indalecio 
Publicado en: LA LEY 19/01/2012, 19/01/2012, 1 

I. El apartamiento al régimen general.- II. El procedimiento de evaluación.- III. Del período de evaluación y los plazos.- IV. Los aspectos de la evaluación.- V. Los objetivos, metas y resultados.- VI. La evaluación por equipos y la autoevaluación.- VII. La precalificación y calificación.- VIII. La entrevista personal.- IX. Las distintas calificaciones.- X. El evaluador y la doctrina de facto.- XI. ¿Quién evalúa al evaluador? 

Abstract: La gran falencia de los gerenciadores estatales es el liderazgo, si se les preguntara a aquéllos sobre su significado, cómo se conduce un grupo y cómo se motiva al personal, la respuesta sería el desconocimiento. Lo primero que hace un jefe de una organización administrativa es controlar el horario y la permanencia del personal en el lugar físico. Esto es un derroche de tiempo y energía, pues el mundo avanza hacia el teletrabajo, a estructuras fluidas, dinámicas y cambiantes producto de la globalización e Internet, no obstante se sigue propiciando esta práctica del siglo XIX.