Publicado en la "Revista de Derecho Público", 2012-1, Empleo Público-I, Ed Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012.-
Sumario: I. Introducción. II. El empleo público en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Río Negro. III. Un caso señero de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro respecto del empleo público. IV. Actualidad en el empleo público rionegrino: la ley de emergencia Nº 4.735. Dudas que plantea. V. La reglamentación de la ley de emergencia Nº 4.735. VI. Un factor institucional de incertidumbre. VII. Aventurando el futuro. VIII. Conclusiones.
I. Introducción:
La Provincia de Río Negro se ha distinguido siempre por tener una jurisprudencia de vanguardia. Con un Poder Judicial pro activo y el apoyo de una Constitución Provincial (conforme la reforma de 1.988) de avanzada, se han dictado sentencias protectoras de los derechos, tanto individuales como colectivos, se ha dado virtualidad al bloque de Tratados Internacionales constitucionalizados en el artículo 75 inciso 22 y se han receptado algunas instituciones de avanzada, como la del amicus curiae.
Sin embargo, a partir de una serie de circunstancias excepcionales, podemos decir que hoy vivimos un momento de zozobra y de incógnita por el futuro.
El 25 de septiembre de 2011 triunfó en las elecciones provinciales el Frente para la Victoria, integrado básicamente por el Partido Justicialista y el Frente Grande, poniendo de esta manera fin a veintiocho años (desde el retorno de la democracia hasta ahora) de gobiernos de la, hasta ese momento, Alianza Concertación para el Desarrollo, último nombre de la alianza encabezada por el Partido Radical.
El Gobernador electo, Dr Carlos Soria, inmediatamente después de su triunfo, comenzó a delinear algunas líneas de su política, entre las que distinguió la reorganización de una Provincia que consideraba devastada por tantos años de gobiernos de un mismo partido.
Asimismo, consideró extremadamente grave la situación financiera provincial, por lo que, como primeras medidas de gobierno, giró un paquete de leyes a la Legislatura Provincial, donde teniendo amplia mayoría, no tuvo inconvenientes para que fueran aprobadas.
Dentro de esas iniciativas se encuentra, en lo que a este trabajo concierne, la actual ley Nº 4735, que declara “el estado de emergencia institucional, económico, financiero, administrativo y social del sector público provincial”.
Esta ley, en su Capítulo II, denominado “De la Transparencia en el empleo público”, declara sujeto a disponibilidad, por el plazo de ciento ochenta días hábiles contados desde su reglamentación, a la totalidad del personal que revista en la planta permanente del sector público provincial.
Además de la sanción de esta ley, el Gobernador Soria lideró una campaña mediática contra los titulares de los Órganos de Control Externo, logrando la renuncia de los tres miembros del Tribunal de Cuentas y la del Fiscal de Investigaciones Administrativas.
Asimismo, incluyó consideraciones despectivas contra los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Uno de ellos, el Dr Lutz, había renunciado a mediados de 2011, para acogerse a los beneficios jubilatorios. Lo propio hizo el Dr Alberto Balladini, a fines de octubre de 2011. Las autoridades electas, pero no asumidas aún, pretendían que no se le aceptara la renuncia, ya que querían someterlo a juicio político, pero, antes del recambio de autoridades, el Consejo de la Magistratura aceptó su renuncia.
Quedaba el tercer juez, el Dr Víctor Sodero Nievas, a quien se intimó públicamente a que renunciara a su cargo, bajo amenaza de someterlo a juicio político, pero el juez se negó a renunciar.
El 1º de enero de 2012, sólo veinte días después de haber asumido, el Gobernador Soria muere en un trágico episodio sucedido en la noche de Año Nuevo en su chacra del Alto Valle del Río Negro, estando imputada por este delito la viuda del Gobernador fallecido.
En los primeros días de enero asume la Gobernación el Vicegobernador, Alberto Weretilneck, aliado proveniente del Frente Grande. Sucede una época de mucha confusión, cambios de funcionarios, reordenamientos y la aparición de una incipiente interna entre los dos principales sectores del peronismo: el que respondía al Gobernador Soria y el del Senador Nacional Miguel Pichetto.
Actualmente, abril de 2012, acaba de reglamentarse la ley Nº 4.735, que la pondrá en funcionamiento.
Por lo pronto, en estos meses anteriores, se dejaron sin efecto cerca de cuatro mil contratos de diverso tipo que ligaban a agentes con la Administración.
Las circunstancias descriptas resultan fundamentales para comprender la coyuntura actual del empleo público en la Provincia de Río Negro.
A continuación haremos un breve repaso por las disposiciones constitucionales nacionales y provinciales aplicables a esta materia; analizaremos someramente algunos fallos importantes sobre la materia del Superior Tribunal Provincial; analizaremos la normativa de emergencia recientemente sancionada, e intentaremos avizorar qué deparará el futuro.
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