El removido procurador de Santa Cruz cuenta su versión del pasado y arriesga posibles soluciones al conflicto institucional.
Por Jorge Fontevecchia
“VOTE POR ELISA CARRIO pero yo tengo votos
de todo tipo: Cámpora, Perón, Alfonsín, Bordón.”
—Después de tanto tiempo, ¿por qué piensa que fue desplazado de su cargo de procurador?
—Esencialmente, porque a quien gobernaba en Santa Cruz, que era Néstor Kirchner, que yo trabajara o intentara trabajar con cierta independencia de criterio y ejerciera o intentara ejercer control desde el punto de vista de funcionario del Poder Judicial, le generaba inseguridad, le molestaba.
—¿El problema comenzó cuando usted investigó el estudio del abogado salteño José Manuel Saravia, que había cobrado doce millones de pesos por asesorar a Santa Cruz en las regalías petroleras?
—Se decía que había sido una irregularidad esa contratación. La Procuración promovió una investigación, pero no afectaba a la gestión de Néstor Kirchner sino a la anterior, la de Arturo Puricelli. Se hizo una investigación en el Juzgado de Instrucción que terminó con una resolución que decía que no había habido delito. Algunos dicen que pudo haber sido un tema que molestó.
—¿Investigó los fondos de las regalías petroleras?
—No, porque todavía no se había planteado. La investigación fue si había algún tipo de irregularidad en la contratación de un estudio de abogados.
—Comenzó en el gobierno de Puricelli, ¿pero continuó con el de Kirchner?
—Claro, después continuó. Esta investigación que se hizo desde la Procuración habrá sido en el año 1994, yo quedo cesante en el ’95, y la cuestión con ese estudio se resuelve posteriormente, creo que en el año ’96.
—Y Kirchner era gobernador desde 1991.
—Exacto.
—¿Qué otros asuntos estaba estudiando desde la Procuración en ese momento?
—Había causas que rozaban al gobierno provincial, como por ejemplo el tema de los créditos del Banco de Santa Cruz, que en ese momento era un ente totalmente oficial, provincial.
—Todavía no lo había comprado Eskenazi.
—Exacto. Había mucha sospecha de que se habían conseguido créditos de manera irregular, sin las suficientes garantías. Se iniciaron algunas investigaciones. Después… Sinceramente, hay que tener en cuenta que han pasado bastantes años y no recuerdo causas puntuales. Yo creo que era mi dinámica de querer actuar, aunque con limitaciones y con imperfecciones, con autonomía de criterio.
—En aquel Banco de Santa Cruz, Lázaro Báez era el adscripto a la presidencia que respondía directamente a Néstor Kirchner. Esas denuncias sobre el Banco de Santa Cruz, ¿tenían que ver con Lázaro Báez?
—No que yo recuerde. Ni lo conocía a Lázaro Báez. Me parece que su presencia o la mayor injerencia a lo mejor fueron posteriores a esto que estamos hablando, que es año ’94, año ’95.
—Entonces Kirchner lo removió por profilaxia cubriéndose para lo que haría en el futuro, más que por acciones del pasado que usted investigara.
—Todo eso vino después. Quizás la interpretación que pueda hacer es que de alguna manera se quiso asegurar un menor control a futuro.
—¿Puede ser que su modus operandi haya cambiado recién en su segundo mandato, que primero haya tenido una actitud más republicana?
—Puede ser que con el segundo mandato, y así lo han dicho desde la Asociación de Abogados, ellos hayan querido colonizar el Poder Judicial. De hecho, designaron magistrados mucho más afines, que incluso eran discutidos por la Asociación de Abogados por su identificación con el Poder Ejecutivo. Ahí también puede haber una causa, porque la Procuración interviene en algunas actuaciones disciplinarias. Concretamente, hubo un juez que fue designado por la gestión de Kirchner, una persona de confianza del gobierno provincial, y tenía denuncias de que varias causas habían quedado sin tramitar, lo que se denomina, vulgarmente, planchadas. Se hizo una investigación en la que tramitó el Tribunal Superior de Justicia y la Procuración interviene como órgano requirente formulador de cargos, y hubo una sanción a ese magistrado. Eso en el sistema de simpatías internas debe haber generado un malestar.
—¿Hubo un cambio en Néstor Kirchner entre el primer y segundo mandato, entonces?
—Yo no recuerdo que en el primer tiempo haya habido este tipo de avances como el que se dio en la Justicia.
—¿Kirchner amplió de tres a cinco el número de jueces del Tribunal Superior, equivalente a la Corte Suprema, en el primero o en el segundo mandato?
—Eso fue justo en el segundo mandato, y en el mismo momento en que me echan a mí. La reforma en la Ley Orgánica de Justicia de la provincia tenía tres ejes. La primera, aumentar los miembros del Tribunal Superior, que eran tres, pero estaban ocupados dos cargos.
—O sea que él pudo nombrar a la mayoría.
—Nombró tres más y tenía la mayoría. Divide la Procuración, y en vez de un jefe propone la división de ramas: los defensores y los fiscales. Hasta ahí todo bien, pero en vez de ubicarme a mí en una de las ramas, me dejan cesante, y es cuando empieza todo el juicio este que sigue hasta ahora.
—¿Podríamos traducirle al lector nacional que la Procuración es equivalente al cargo del procurador general de la Nación, Esteban Righi, es decir que todas las fiscalías dependen de él?
—Así es. La Procuración en la provincia de Santa cruz es lo que sería el Ministerio Público. Son funcionarios que dependen del Poder Judicial. A diferencia de la Procuración Nacional, que es un ente extra poder (un órgano extra poder, así se lo denomina), acá integra el Poder Judicial y tiene los mismos principios en materia de inamovilidad para asegurar la independencia de sus criterios.
—Su nombramiento depende de la Legislatura.
—La propuesta la hace el gobernador, pero depende de la Legislatura.
—¿Cuándo fue designado?
—Cuando estaba a cargo de la gobernación Jorge Granero.
—Cuando Kirchner dividió su cargo en dos y dispuso que usted no ocupara ninguno de los dos, ¿fue por ley?
—Fue por ley, y me echaron también por ley.
—¿Carlos Zannini fue el artífice?
—Sí. Dicen que ha sido el que puso la letra al proyecto. El era ministro de gobierno en ese momento y cuando se trató la Ley estaban como diputados Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Icazuriaga (N de la R: actual director de la Secretaría de Inteligencia, ex SIDE) y Arturo Puricelli, quienes fueron un poco los miembros informantes, dando a entender que era totalmente legal removerme de esa manera del cargo. En ese mismo momento ya hubo voces que dijeron que eso era un disparate, que era inconstitucional, que iba a traer un gran perjuicio para la provincia desde el punto de vista institucional y económico. La Asociación de Abogados hizo declaraciones muy manifiestas respecto de esto, pero igual avanzaron y quedé afuera.
—¿Cuál cree que es hoy el rol de Zannini en el Gobierno nacional en base a la experiencia que usted tuvo?
—Me parece que es la persona que participa de decisiones y hace un poco de ingeniería jurídica en la toma de decisiones, como secretario Legal y Técnico.
—¿Qué pensó cuando lo escuchó decir hace pocos días: “Elegimos a esta Corte para otra cosa”?
—Lo interpreto justamente como una manera de ver que el poder es uno solo, en vez de acomodarse a lo que dice la Constitución. Decir eso es como poner que lo que se pretende es que haya una cierta obediencia y, en realidad, los poderes deben funcionar controlándose entre sí, sin que esto signifique disputas permanentes, pero sí balanceándose. Esa es la doctrina constitucional más elemental. Ahora parece que el poder está en un solo lado y “lo puse para tal cosa, no para que desarrolle su propio ejercicio en el poder”.
—¿Qué papel tuvo Cristina Fernández en esa operación contra usted?
—Fue una de las legisladoras que trató de justificar y dio una serie de argumentos que con el transcurrir del tiempo quedaron totalmente desvirtuados. Señaló que eso era plenamente legal y constitucional, y quedó demostrado que no era así. Además, fue la defensora, porque lo primero que se decía también era que esto iba a dar lugar a un juicio económico-patrimonial oneroso. Trajo a colación una serie de argumentos que resultaron ser totalmente falaces, traspoló otra situación de otro funcionario para justificar esto.
—¿Ese funcionario era el fiscal provincial anterior, De Paoli, que fue destituido por la Corte provincial e interpuso un recurso extraordinario y ése fue el argumento?
—Ese fue el argumento. Lo que pasa es que el fiscal De Paoli había sido designado durante el período militar, y si no lo ratifican las autoridades constitucionales cuando viene la democracia, queda afuera. Y eso es lo que pasó con De Paoli. Nada que ver conmigo.
—Aquella Cristina que estaba en su contra, ¿cree que lo hacía por propio convencimiento o por su marido?
—No sé. Creo que deben actuar en consulta. Ahí la idea era que yo significaba un peligro. Lo que verdaderamente me parece patético es decir cualquier cosa cuando se sabe a todas luces que está mal.
—Pasaron quince años. ¿Es distinta hoy ella de lo que era hace quince años?
—Percibo en algunas cuestiones que insisten con el error. Se toman decisiones independientemente de que las circunstancias demuestren que no están bien, se insiste y se apela a cualquier argumento para justificar cosas que son injustificables.
—¿Esa actitud está hoy más o menos exacerbada?
—Es una característica que yo percibí en este tema, y de alguna manera incluso ahora en esta etapa, como que después de los fallos de la Corte se sigue en lo mismo.
—¿Como presidenta mantiene las mismas características de cuando era diputada provincial en Santa Cruz?
—Creo que sí. Me parece que hay una especie de visión muy cerrada para avanzar en los temas y no permitir que haya una variación ante determinados avisos de que algo va por mal camino.
—Cuando habló del caso de los abogados salteños y del Banco de Santa Cruz, mencionó denuncias en la Legislatura y de la prensa. ¿Cómo es la prensa de Santa Cruz?
—Al principio, uno de los diarios más importantes de allá, La Opinión Austral, tenía un periodista muy crítico, Mario Brigando, que ejercía su trabajo y se veían columnas críticas sobre determinada gestión de gobierno, incluso en la primera época de Néstor Kirchner. Mario Brigando ya falleció. Luego se fue perdiendo eso. Después hubo episodios... Esto es bastante más reciente: al periodista Héctor Barabino, que trabajaba en una radio, lo que quedó claro es que habían pedido que quedara afuera de un programa, con este tema de la pauta (publicidad oficial). Yo creo que ha habido un control bastante grande en determinado momento y que debe haber una situación de tensión, pero no conozco los detalles.
—¿Antes la prensa era más independiente que hoy en Santa Cruz?
—A mi modo de ver, sí. Con excepciones, porque hay programas periodísticos que sí ejercen la crítica, pero estoy hablando de la prensa tradicional.
—Durante todos estos años de pleito judicial, ¿Néstor Kirchner o algún emisario del kirchnerismo se contactó con usted para convencerlo de que desistiera de esta demanda?
—No.
—¿No se le ofreció una indemnización para que usted desistiera del juicio?
—Sí, pero no fue que se contactaran conmigo. Lo que sucedió fue que a los dos años de que se produjo mi remoción, el propio Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz declaró que había sido inconstitucional, pero no se animó a dar el paso consecuente y natural que era: “Vuelva usted al Poder Judicial”. Entonces, esto me obligó a venir a la Corte nuevamente, porque yo ya había venido antes. Ahí la Corte dijo que correspondía mi reposición porque era una natural consecuencia. Hubo dilaciones, se demoró mucho, volví a la Corte, hubo una derivación de Justicia. En el año 2001, la Corte misma falló condenando mi reposición, cosa que, normalmente, no asume la Corte, y en este caso lo hizo porque ya había una falta de cumplimiento de la sentencia anterior, entonces la condena era ser reincorporado en el cargo de procurador general, cargo que en ese momento ya no existía, “dejándose sin efecto las designaciones posteriores”. ¿Por qué en el año 2001 la Corte hizo esto? Porque cuando yo vine la primera vez con un recurso, el propio gobierno provincial, cuando tuvo que contestar la vista en ese incidente, dijo que la Corte no debía hacer lugar a esa medida cautelar porque no había un agravio irreparable, porque en caso de que se declarara la inconstitucionalidad, dijo la fiscal de Estado, obviamente, el actor debería ser repuesto dejándose sin efecto las designaciones posteriores. Es decir, la provincia, ante la Corte, dijo esto. Entonces, la Corte en ese momento dijo: “Yo no me meto”. Dos años después, vuelvo con una declaración de inconstitucionalidad, y ahí es donde la Corte dice: “Cumpla lo que usted dijo antes”. Después, cuando ya se dio esa sentencia, se negaron a cumplir y dijeron que sustituían y ofrecían una indemnización. El Tribunal Superior le hizo lugar a esa variación y yo dije que no.
—¿De qué monto era esa indemnización?
—Un millón ciento cincuenta mil pesos.
—Del año 2004, podríamos decir que hoy, con la inflación, es el doble. ¿Por qué no aceptó?
—Porque yo siento que tengo una obligación, y lo vivo como una obligación cívica de no dejar un antecedente de un hecho consumado. Ya olvidándome de mí, para que no quede el antecedente de que el principio de inamovilidad de un funcionario judicial quede totalmente desecho. Es decir, viene un gobernador o presidente, divide el cargo y después le dice que le da tanta plata. Me parece que esa herramienta tan importante del principio de inamovilidad para asegurar la independencia estaría totalmente clausurada.
—Imagino que su condición económica pudo verse muy complicada después de esto. ¿Cómo pudo sostenerse?
—Sí, totalmente, fue bravo. Por suerte, tanto mi familia como yo tenemos una vida bastante austera, y eso forma parte de una riqueza también, por así decir. Después, empecé a ejercer la profesión, fui asesor legal en una tarea técnica en la Municipalidad de Río Gallegos, durante una gestión radical. Con eso fui viviendo, subsistiendo. El tema principal es resolver la cuestión institucional, pero eso no significa que yo estoy resignando el tema económico, porque tengo iniciado un juicio y se tendrán que ir dando todas las instancias en función del daño que se me ha ocasionado. No acepté esa indemnización como sustitución de la sentencia.
—¿Querían comprarlo con esa indemnización?
—No sé si comprarme, pero querían ver si yo dejaba el tema por la indemnización. Y no acepté.
—¿El primer fallo favorable lo dictaron jueces de Santa Cruz?
—Eso en el fuero provincial. El primer paso fue que se declarara la inconstitucionalidad en la provincia por el Tribunal Superior de Justicia.
—¿Cómo hizo si tres de los cinco miembros habían sido nombrados por Kirchner?
—Porque yo había recusado a uno y vino otro.
—¿Los dos “de Kirchner” votaron en su contra?
—Sí, fue tres a dos.
—La servilleta funcionó.
—Sí, pero yo recusé a uno. De esos tres, dos eran los antiguos miembros del Tribunal, que declararon la inconstitucionalidad y no avanzaron. El tercero era el doctor Castro Dassen (Marcelo), que era camarista y que emitió un voto que es el que solucionó el tema. La solución que él dio es la misma que doce o trece años después da la Corte. Ahora le hago un pequeño salto. Esto que se está incumpliendo ahora es el fallo de esta Corte, de octubre del año pasado, que intimó al gobernador a que en el plazo de treinta días me reponga en el cargo, pero ya no como procurador, como había sido el fallo de 2001, porque lo trató de acotar. Dijo: “Repónganlo como fiscal, en una de las ramas”.
—¿Uno de los dos, como jefe de los fiscales o de los defensores?
—No, directamente, dijo: “Como jefe de los fiscales”.
—¿Qué disponía para quien ocupaba su cargo?
—La Corte dijo que el actual ocupante no tiene estabilidad en el cargo.
—Y como no lo restituyen en el cargo, usted va a la Corte Suprema.
—Año ’98. Me dicen: “Tiene razón el actor, este fallo es incompleto porque su reposición es una consecuencia de natural admisión”. Repito textual. Hablando rápido y claro, se bicicletea la situación.
—La Corte de aquel momento, que era la menemista, confirma el fallo del Tribunal Superior de su provincia, ¿y ordena o no que se lo reponga en el cargo?
—En realidad, dice que ese fallo era incompleto porque mi reposición era una consecuencia natural, y se lo devuelve al Tribunal Superior para que lo cumpla.
—¿El Tribunal Superior qué hace?
—Nada, demora.
—Porque ahí sí estaban los tres kirchneristas.
—Claro. Entonces, yo vuelvo en el año 2000 a la Corte denunciando una denegación de justicia y la Corte nuevamente les dice: “Apuren este trámite”. El Tribunal, ahí sí con mayoría, dice que no lo va a hacer.
Con mayoría kirchnerista, dice que no lo va a hacer. Vuelvo a la Corte, y en el año 2001 ella asume la jurisdicción y dice: “Condenar a la provincia de Santa Cruz a reponer en el cargo al actor como procurador”.
—Ya no le ordena al Tribunal Superior sino…
—A la provincia, porque la parte ahí es la provincia. Ahí es cuando inicio lo que se denomina una ejecución de sentencia para que se cumpla este fallo, y es cuando vuelven a decir que es imposible y pretenden insistir con el millón doscientos mil pesos. Vuelvo nuevamente a la Corte en el año 2005, a esta Corte, y recién sale el fallo en el año 2009, ya intimando al gobernador a que me ponga como fiscal.
—Si la Procuración de la Provincia de San Cruz depende del Poder Judicial, ¿por qué es el gobernador quien tiene que colocarlo y no el Tribunal Superior de Justicia? ¿El Poder Judicial provincial no es independiente del Poder Ejecutivo?
—Creo que la Corte lo que hizo fue una interpretación de un artículo de la Constitución que dice que los gobernadores son delegados del Gobierno Federal, entonces, la Corte lo que ha visto es: “Yo quiero que esto se cumpla de esta manera”, y lo nombra como delegado de la propia Corte para que lo cumpla.
—¿De quién depende la fiscalía, en términos jerárquicos?
—El Ministerio Fiscal, si bien integra el Poder Judicial, y la cabeza del Poder Judicial es el Tribunal Superior de Justicia, tiene autonomía en su funcionamiento, pero la intimación del fallo de la Corte se le hizo al gobernador para que él se encargue de…
—Pero en los primeros dos fallos anteriores, la Corte Suprema intimaba al Tribunal Superior de Santa Cruz, no al gobernador.
—Más que al Tribunal Superior, a la provincia en general.
—¿Por qué la mayoría de los medios de comunicación nacionales se hicieron poco eco de sus reclamos cuando se iban produciendo? Y, ¿por qué ahora le están dando tanta importancia?
—Pensé que me decía en los medios provinciales. El diario La Nación siempre tuvo un seguimiento, siempre le dio cabida, incluso con editoriales. Los otros diarios, no. Bueno, estamos hablando de los primeros fallos, en el año 98. PERFIL recuerdo que también lo trató.
—¿Quien no lo trataba era “Clarín”?
—Clarín no, no le había dado importancia en su momento.
—¿Teme que su caso sea utilizado en la pelea Gobierno-Clarín?
—Sí, y no me gustaría. A mí me parece que lo importante es que la solución del tema se haga en función de los valores en juego y no de otras estrategias.
—¿El gobernador Peralta le ofreció un cargo judicial a usted, y usted no aceptó?
—No. La Corte le dijo ahora a Peralta: “Repónganlo en el cargo de fiscal del Tribunal”, y el actual ocupante no tiene estabilidad. Lo que hizo Peralta fue mandar un proyecto por el cual ese cargo de fiscal lo vuelve a dividir, y me asigna tareas prácticamente decorativas. Entonces, yo dije que eso no era cumplir con el fallo porque estaba indicando otra cosa, y dije que lo consideraba inaceptable.
—El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo: “Esto es un tema de derecho público provincial que nunca debió haber llegado a la Corte Suprema de Justicia”. ¿Cómo interpreta usted esta declaración tratándose, además, de un abogado?
—En el diálogo que estamos teniendo acá ya se ve que la Corte Suprema de Justicia ya estaba interviniendo desde hace bastante tiempo y la provincia nunca discutió esa intervención. Con lo cual, me parece que es una de esas frases que se hacen para seguir justificando el capricho o no obedecer una orden de la Corte. Como también ese tema de la imposibilidad de cumplimiento. Se puede cumplir en la medida en que haya un mínimo de voluntad. A propósito de esa pregunta que usted me hizo, si se está utilizado este tema… Me parece que si hay algo que no corresponde hacer es exaltar los ánimos, ni hablar de que acá se está desvirtuando la autonomía. Yo no lo veo así. Es más: me parece que desde el punto de vista de la autonomía de la provincia de Santa Cruz, sería mucho más saludable que el gobernador encuentrara la fórmula para solucionarlo, porque a la provincia de Santa Cruz, desde el punto de vista de sus intereses jurídicos e históricos, no le conviene tener un conflicto con la Corte. El problema es que la interferencia pasa por otro lado. Insisto en que el gobernador, frente a una decisión de esta magnitud de la Corte, ya sea la de octubre o la de ahora, lo lógico sería que instalara un ámbito de diálogo. Esto no me he cansado de decirlo. Después de quince años, no tengo ningún apuro. Quiero ver si se puede cerrar esto, desde el punto de vista institucional, regresando yo al Poder Judicial. Pero si hay que analizar otras alternativas para eso… Pero lo primero que me parece que debe haber es un mínimo de diálogo para ver cómo se destraba esto.
—¿Lo subestimaron?
—Puede ser, pero no porque yo sea muy…, sino porque a veces existe la idea de que uno está en un lugar por una cuestión netamente laboral. En realidad, yo me fui a vivir a Santa Cruz y sentí que me gusta, y quiero quedarme ahí. Me parece que esto es un aporte en cuanto a lo que sería la evolución cívica de la provincia.
—¿Qué opina del respaldo que recibiría Peralta de Néstor Kirchner y varios gobernadores peronistas en el acto que se realizará el próximo 8 de octubre en Río Gallegos?
—Es lamentable. En definitiva, se pretende enrarecer, mezclar con otras cosas que no son las esenciales para este tema, que debiera ser mucho más sencillo de resolver si dejáramos de lado otras cuestiones.
—¿Cree que irán varios gobernadores justicialistas?
—No sé si está confirmado. He escuchado que algunos referentes del oficialismo allá todavía lo están analizando. Lo lógico sería desactivar este tipo de actos.
—¿Está de acuerdo con intervenir la provincia?
—Yo no quiero opinar si estoy de acuerdo, lo tienen que analizar los propios legisladores nacionales. Había varios proyectos, muchos de una intervención clásica, y eso me pareció siempre una cosa innecesaria y negativa: va a ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso considero que el proyecto de que venga un funcionario nacional, que sería el Procurador General de la Nación, a hacer cumplir ese mandato, dentro de todo, es muy acotado y sin afectación de autonomías de funcionamiento legislativo, ejecutivo, judicial. Después he escuchando otras opiniones sobre que esto sería perjudicial. Por eso insisto en que necesariamente tiene que tener una solución política e institucional, y por eso apelo a la idea de que el propio gobernador habilite una instancia de diálogo para ver cómo se puede solucionar.
—¿Tuvo reuniones con el gobernador?
—No, y por eso es que yo, de alguna manera, trato de promoverlas con estas declaraciones.
—¿Qué opina de él?
—Creo que es una persona inteligente y que ha tratado de tener otros modos de manejarse. Me parece que esa característica se acomodaría más a una instancia de diálogo que a jugar este rol de exaltación de ánimos innecesarios.
—¿Si Peralta no tuviera los pedidos del Gobierno nacional, habría resuelto este tema?
—Sí, claro, tengo la sensación de que lo excede a él. Ha heredado esto y ha heredado la solución, ha heredado quienes fueron, y todavía están…
—¿A qué atribuye, entonces, que el gobernador Peralta haya dicho: “Se pretende invadir Santa Cruz por el hecho de que de aquí salieron dos presidentes”?
—A eso justamente, a mezclar cosas que no tienen nada que ver. Si hay personas que quieren utilizar este caso concreto para otros designios, y él tiene información, a mí me excede. Lo ignoro. Pero el tema puntual es muy fácil de resolver y no hay invasión alguna.
—¿Coincide con Elisa Carrió en no respaldar una intervención de la provincia?
—Respeto las opiniones de todos, no me puedo inmiscuir. La Corte le derivó este tema al Congreso y ahí es donde se discutirá. Así como está el proyecto del radicalismo, que lo veo muy acotado, entiendo que Elisa Carrió lo que dice es que eso también sería contraproducente y que habría otros caminos, que estoy dispuesto a recorrer…
—¿Cuáles serían los otros caminos?
—Me pareció entender que sería cuestión de darle más tiempo para que se puedan visualizar otras alternativas más políticas. Yo estoy dispuesto a recorrer todo camino que sea necesario.
—Por ejemplo, ¿cuál?
—Supongamos que el gobernador Peralta quiere darle al otro ocupante del cargo un tiempo, porque a lo mejor puede ser reubicado en otro lado, y yo tengo que esperar, espero. Ese sería un camino.
—¿Que dijeran: “Lo reponemos, pero dentro de dos años”?
—Por ejemplo.
—¿Qué otro camino se le ocurre?
—Lo otro me parece que sería propio de un diálogo que debe haber. Le doy uno para que usted vea cuál es mi postura con relación a esto. Digamos que para mí es una maratón larga.
—El gobernador Peralta está en el cargo hasta diciembre del año próximo.
—Sí.
—Entonces, un poco el tiempo es como decir que está dispuesto a esperar al nuevo gobierno, por ejemplo, para ser repuesto en el cargo.
—No. Estoy haciéndome a la idea de que era el gobernador Peralta. En lugar del plazo de dos años que usted puso, pongámosle diez meses para que sea él quien lo solucione.
—¿Por qué cree que no resuelve estos temas que para el kirchnerismo tienen más costos que beneficios?
—La decisión la tomó el Gobierno cuando estaba en el poder Néstor Kirchner, lo fundamentó Cristina Fernández de Kirchner, lo diseñó el Secretario General y Técnico. Ellos son los padres de esta criatura, y en vez de decir nos equivocamos, que, cuando uno se equivoca, lo lógico es decir arréglenlo, me parece que tienen un empecinamiento con esa decisión. Y vuelven a insistir con argumentos que ya fueron a la Corte, ya han sido tratados.
—¿El fallo de la Corte Suprema que ordena restituirlo no viola los derechos y garantías de Claudio Espinosa, el actual agente fiscal de Santa Cruz, que debería ser desplazado?
—¿Se acuerda que yo le dije que en el fallo del año 97, cuando decretaron la inconstitucionalidad en sede provincial, hubo un voto, el del doctor Castro Dassen, que decía que yo tenía que ser repuesto como fiscal? El suyo fue el único voto que dijo que yo tenía que ser repuesto en el cargo y ahí señaló que Espinosa no tenía estabilidad porque asumió sabiendo que su designación era consecuencia de una ilegal remoción. Es decir, él ya lo planteó ahí, y de alguna manera la Corte, 13 o 14 años después, retoma esa línea de razonamiento.
—¿Le parece legítima la denuncia que Espinosa presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
—No la leí, pero en esencia el fallo de la Corte me parece correcto en ese sentido.
—¿Usted conoce a Espinosa?
—Sí, lo conocía porque él era funcionario judicial cuando yo estaba en la Procuración. En algún momento fue fiscal, después juez, teníamos un trato menor.
—¿En los hechos, Espinosa se ha comportado de manera funcional al Ejecutivo?
—Yo creo que se priorizó más la confianza en el funcionario que en la independencia de criterio.
—¿Espinosa es una persona de confianza?
—Me parece que ha sido una persona de confianza del gobierno kirchnerista.
—¿Por quién votó en las últimas elecciones provinciales y nacionales?
—En las provinciales voté por Costa.
—Candidato radical.
—Sí.
—¿Y nacionales?
—Yo tengo votos de todo tipo: Cámpora, Perón, Alfonsín, Bordón, Carrió…
—¿Y en las últimas elecciones?
—¿Quién estaba? Carrió. Sí.
—¿Hay algo que no le haya preguntado que usted les quiera transmitir a los lectores?
—No, gracias, me ha preguntado bastante.
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