El Derecho Internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con particular énfasis en materia de Derechos Humanos

Voces: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~ DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ DERECHOS HUMANOS ~ DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO ~ DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ~ JERARQUIA DE LA LEY ~ REFORMA CONSTITUCIONAL ~ APLICACION DE LA LEY ~ LEY APLICABLE ~ CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ~ TRATADO INTERNACIONAL ~ SUPREMACIA CONSTITUCIONAL ~ ESTADO PARTE ~ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ~ COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Autor: Bazán, Víctor

Publicado en: La Ley Sup. Const. 2010 (agosto), 05/08/2010, 1

I. Preliminar. II. Algunos elementos a tomar en consideración para emprender este intento propositivo. III. Señalamiento jurisprudencial de la CSJN. IV. Valoraciones conclusivas.

I. Preliminar

Se nos ha solicitado examinar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) específicamente en relación con el derecho internacional y el “ uso de la jurisprudencia internacional o de los tratados de derechos humanos” .

El tema es ciertamente vastísimo. Por ende, cualquier intento por abarcarlo en breves líneas estará teñido de arbitrariedad, entregado a la resignación de la incompletitud y expuesto a críticas — seguramente justificadas— por falta de argumentación suficiente para sustentar algunas de las valoraciones conclusivas.

Con tales prevenciones, en los renglones que siguen señalaremos esquemáticamente — a modo de muestreo— algunos pronunciamientos significativos del Alto Tribunal en la materia e identificaremos ciertos estándares que de manera paulatina van perfilándose al respecto.

Fuente:http://www.laleyonline.com.ar/

Carlos Alberto Da Silva

APERTURA DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ARGENTINA PARA INVESTIGAR LOS CRÍMENES COMETIDOS EN ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO

Poder Judicial de la Nación

Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal

Causa n° 29.275 “NN s/ desestimación de denuncia y archivo”

Juzg. Fed. n° 1; Secret. n° 1 Expte. n° 4.591/2010

Reg. n° 31.866

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I.-Llegan estas actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, ambos por derecho propio, y David Baigún, Ricardo Daniel Huñis, Beinusz Szmukkler y Máximo Castex, letrados apoderados de la Asociación para la

Recuperación de la Memoria Histórica y de Silvia Carretero Moreno, y letrados patrocinantes de Darío Rivas Cando, Inés García Holgado, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Comité de Acción Jurídica, contra la resolución de fs. 91/93, en cuanto desestima las presentes actuaciones por imposibilidad de proceder y ordena su archivo. Asimismo, adhieren al recurso

interpuesto los Dres. Carlos Zamorano y Héctor Trajtemberg, por la representación que ejercen en autos (ver fs. 149/149 vta.).

Juan Pablo Bohoslavsky

Régimen de insolvencia soberana para el Estado Nacional

Por Cecilia Melki – Juan Justo

I. Presentación

En este trabajo se sugieren los lineamientos fundamentales que debería contemplar un proyecto de ley tendiente a encauzar un escenario de insolvencia del Estado argentino. Si bien la norma proyectada carecería de exigibilidad directa frente a los acreedores externos en caso de haberse pactado el sometimiento al derecho extranjero,[1] se establecen en las disposiciones transitorias mecanismos para fomentar su adhesión voluntaria al régimen propuesto.

II. Lineamientos jurídicos de la insolvencia soberana

1º) Principios y precondiciones.

Consideramos que el proceso de insolvencia, entendido como el conjunto de tratativas entre el deudor y los acreedores encaminadas a superar ordenadamente ese estado[2] por medio de un acuerdo y bajo la supervisión de un tribunal, debería guiarse por los siguientes principios.

1.1) Principios sustantivos:

           

a) Protección de los derechos humanos: Esta directiva condiciona el contenido del  acuerdo resultante del proceso de insolvencia en dos sentidos: i) Desde un punto de vista negativo, impide que aquél pueda incapacitar directa o indirectamente al deudor para cumplir sus compromisos internacionales en la materia (art. 75.22 CN);[3] ii) desde un punto de vista positivo, incluye al desarrollo como un derecho humano inalienable,[4] demandando que el acuerdo promueva una salida sustentable de la situación de insolvencia y genere en el país deudor condiciones encaminadas al fortalecimiento de sus estructuras productivas y el bienestar de la población.

            b) Democracia: Los principales sistemas internacionales de protección de los derechos humanos erigen a este régimen como una precondición esencial de su respeto[5] e impiden considerar que el carácter democrático del gobierno carezca de relevancia a los efectos de la formación de la voluntad estatal en el plano internacional. En función del nexo indisoluble entre democracia y derechos humanos corresponde privar de exigibilidad a los créditos asumidos por gobiernos de facto.[6]

            c) Igualdad de los acreedores: Todos los acreedores deben recibir un trato equivalente, estableciéndose un sistema limitado de privilegios que procura fomentar dos tipos de créditos: i) los destinados a la superación del estado de insolvencia, y; ii) los que hayan redundado en el incremento del desarrollo humano en el país. Para ello se exige que los préstamos hayan sido afectados específicamente a un proyecto, obra o servicio de interés público que se encuentre concluido o en estado de avance.[7]

d) Responsabilidad de los acreedores: A fin de evitar que los acreedores puedan desentenderse de la responsabilidad que les cabe en el marco de la situación de insolvencia, se establece la inadmisibilidad[8] de los créditos abusivos[9] al momento de la verificación, estableciéndose una presunción a fin de trasladar al acreedor la carga de la prueba sobre la debida diligencia en su otorgamiento.[10]