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viernes, 23 de diciembre de 2011

Empresas y violaciones a los derechos humanos - una guía sobre mecanismos de denuncia para víctimas y ONG

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) tiene el placer de anunciar la publicación de la versión en español actualizada de su guía destinada a las víctimas y a las ONG, que recoge los mecanismos de recurso disponibles en el marco de las violaciones cometidas por empresas.

En todo el mundo es posible individuar violaciones de derechos humanos e identificar los impactos medioambientales relacionados, directa o indirectamente, con las actividades de las empresas. En América Latina, especialmente en Colombia, Guatemala y Honduras, dirigentes sindicales o campesinos son asesinados por reivindicar públicamente sus derechos. En Filipinas, Perú o Ecuador, el derecho de los pueblos autóctonos a la consulta, sobre todo en el marco de proyectos de inversión vinculados a la industria extractiva, sigue siendo demasiado frecuentemente ignorado. Tras 20 años del desastre de Bhopal, en la India, donde hubo una fuga de gases tóxicos de una fábrica de pesticidas de propiedad de la Union Carbide Corporation, miles de víctimas siguen esperando recibir una reparación justa y el sitio de la fábrica nunca fue limpiado.

Para las víctimas de las violaciones cometidas por empresas es muy difícil obtener justicia, de ahí que prevalece la impunidad.

La FIDH aspira a que esta guía represente una herramienta práctica para las víctimas y sus representantes, las ONG y los demás actores de la sociedad civil (los sindicatos, las asociaciones campesinas, los movimientos sociales y los activistas) para que las víctimas puedan obtener justicia y reparación por los abusos cometidos por o con la complicidad de las empresas.

La guía consta de cinco secciones, y cada una examina distintos tipos de mecanismos, incluyendo mecanismos intergubernamentales, posibilidades de contencioso que se ofrecen a las víctimas, mecanismos de mediación como los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, mecanismos de reclamación disponibles en el marco del apoyo financiero recibido por las empresas así como mecanismos que se pueden utilizar en base al compromiso voluntario de las empresas. La versión en español incluye nuevos textos que abarcan un análisis de las últimas evoluciones que han tenido lugar durante el año corriente a nivel internacional sobre el tema de las empresas y los derechos humanos, en particular por lo que atañe a las Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en junio y a la revisión de las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales de mayo de 2011. La guía incluye la actualización de algunos casos llevados ante mecanismos y cortes en distintas jurisdicciones, sobre todo ante los tribunales americanos en virtud del Estatuto de Reclamación por Agravios Contra Extranjeros, el Alien Tort Claims Act.

La FIDH confía en que esta herramienta pueda fomentar a los distintos actores implicados a compartir e intercambiar experiencias sobre las estrategias y los resultados obtenidos tras el recurso a estos mecanismos, con el objetivo de ayudar a las víctimas a obtener justicia.

Copias de la guía están disponibles por encargo.


Fuente: www.fidh.org

martes, 4 de octubre de 2011

El derecho al agua: participación de los ciudadanos en la gestión del agua

Por Mario F. Valls

Toda persona tiene el derecho a usar y gozar del agua que le reconoce, no solo el juego de los artículos 2340, 2341 y concordantes del Código Civil sino todo el sistema jurídico. Pero también ese sistema jurídico otorga ese derecho con relativa exclusividad a determinada categorías de personas, como en el caso del propietario de un predio o el ribereño de un lago no navegable (Código Civil, Arts. 2340 y 2349) o mediante permisos y concesiones. Además, toda persona tiene derecho a asociarse con fines útiles (Art.14 CN), entre ellos el fin de usar y gozar del agua, por lo que tienen interés y derecho a participar en la decisión sobre el agua y en su gestión las personas, sus asociaciones. Como normalmente esos intereses exceden la disponibilidad de bienes a distribuir el Estado toma la decisión final en ejercicio de su soberanía interna.-
Por ello la participación de esa pluralidad de personas portadoras de interés y de un posible derecho es parte inherente a la decisión sobre el agua y su gestión y por ello las leyes y códigos de agua llaman a terceros cuando hay que tomar decisiones que comprometen el agua.-
A esa participación inherente al agua hay que agregar la que postulan otras áreas del derecho, como es el ambiental y se comentará enseguida.-
Artículo: https://docs.google.com/leaf?id=0BzsbMiDsvU4bODBmMWM0MGUtNDlmYS00MWQxLWJiM2ItMzI2YTA1ZmEzN2Ex&hl=es

Fuente: http://www.eldial.com.ar/

martes, 9 de noviembre de 2010

Procedimiento Administrativo y Participación Ciudadana

Por Julio Rodolfo Comadira

1.- Introducción.

El Diccionario de la Lengua Española define el término participación como la “acción y efecto de participar” (primera acepción), mientras que el vocablo participar es definido como “tomar uno parte en una cosa” (ídem)[1].

En este sentido, la participación es, en un criterio amplio, no jurídico, la acción y efecto de tomar parte en una cosa o asunto. Al circunscribir dicho término al tema que nos ocupa, podemos decir que éste consiste en tomar parte en el ejercicio de la función administrativa[2].

En nuestro país, el término participación adquiere relevancia, al menos en el plano constitucional, a partir de la reforma de la Carta Magna realizada en el año 1994[3], pues en diversos Tratados relativos a Derechos Humanos que, en virtud de ella, adquirieron jerarquía constitucional limitada conforme lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución[4], la locución aparece empleada con frecuencia; y es de puntualizar, asimismo, la consagración en el nuevo artículo 42 –incorporado en el Capítulo Segundo de la Primera Parte, denominado “Nuevos derechos y garantías”– de la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control de los servicios públicos.

En el campo de la organización administrativa, la voz participación se ha utilizado también por las leyes de ministerios, junto con otras tales como entender, intervenir, asistir o coordinar, para definir el alcance de la competencia constitucional de los ministros[5].

Este artículo tomará, sin embargo, como objeto propio, la consideración de la participación ciudadana en la función administrativa, en especial en lo relativo a la formación de la voluntad de la Administración Pública y la selección de ciertas autoridades estatales.

Carlos Alberto Da Silva

miércoles, 16 de junio de 2010

AUDIENCIAS PÚBLICAS: REGLAMENTACIÓN INCONSTITUCIONAL EN S.C. de BARILOCHE

CASO ANALIZADO: MUNICIPALIDAD DE S.C. DE BARILOCHE. CARTA ORGANICA MUNICIPAL. AUDIENCIA PÚBLICA. REGLAMENTACIÓN ORDENANZA 1744-CM-07. MODIFICACION: EXIGENCIA A LOS INSCRIPTOS DE CONSTANCIA DE EMISIÓN DE VOTO Y DE LIBRE DEUDA MUNICIPAL: TEST DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MODIFICACIÓN A LA LUZ DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL, LAS CONSTITUCIONES PROVINCIAL Y NACIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES CON RANGO CONSTITUCIONAL. PARTICIPACION CIUDADANA Y SISTEMA JURÍDICO DEMOCRÁTICO

Carlos Alberto Da Silva