Acceso de la sociedad civil al monitoreo de causas de corrupción

ACIJ Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia continuó trabajando para efectivizar el derecho de la sociedad civil a participar en el monitoreo de causas de corrupción. La presentación en la causa “Soldati/Sociedad Comercial del Plata” data del año 2008. Tras tres años de batallas legales tanto en el Juzgado Federal 6 como en la sala I de la Cámara Federal logramos acceder a la Cámara Nacional de Casación Penal. Previamente, uno de los imputados en el caso en cuestión, el empresario Santiago Soldati (con el patrocinio de Cagni Fazzio), se había presentado pidiendo que se rechace nuestro recurso de casación y en consecuencia se nos niegue la vista.

Luego de una audiencia oral, la sala decidió y  el fallo fue favorable a la pretensión de ACIJ: por unanimidad, los magistrados Madueño, Fégoli y Cabral hicieron lugar al recurso que interpusimos, revocaron la decisión de la sala I dela Cámara Federal y autorizaron a nuestra organización a acceder al expediente y tomar del mismo.

El valor de esta resolución, además del resultado favorable y la claridad de la fundamentación, también radica en que este fallo revoca el criterio ambiguo de la sala I de la Cámara Federal, mediante el cual –pese al reconocimiento del interés legítimo de las ONGs de poder acceder a estos expedientes- reconocía en los imputados el derecho a oponerse a la vista del expediente, siendo su palabra la última en esta cuestión. Y si todo esto fuera poco, esta sentencia proviene de la máxima instancia penal a nivel federal, un espacio aún bastante cuestionado por sus integrantes y aplicación de criterios restrictivos.

Fuente: ACIJ  Anuario 2011

Informe sobre Publicidad Oficial en la Argentina

Dimensión de la Publicidad Oficial en la Argentina

PODER CIUDADANO 2011

Ponemos a disposición un informe elaborado por el consultor Martín Becerra en base a datos obtenidos por Poder Ciudadano.

Resulta complejo conocer cuál es la real dimensión de la publicidad oficial en la Argentina, debido a los siguientes factores:

1. en primer lugar, porque hay distritos que rehúyen de la obligación constitucional de responder los pedidos de información de la ciudadanía en lo que refiere al destino de los fondos públicos empleados en publicidad;
2. en segundo lugar, por la constante mudanza de parámetros y variables sobre las que se proporciona la información en aquellos casos en los que ésta se brinda (una misma administración suele proporcionar datos en diferente formato y con distintas variables para distintos años, lo que dificulta la posibilidad de estudiar su evolución en el tiempo);
3. en tercer lugar, porque el concepto “publicidad oficial” mismo resulta ambiguo ya que, como fue citado al inicio al referir la definición de la Relatoría sobre Libertad de Expresión, hay gobiernos que sólo computan como publicidad oficial sus anuncios en las tandas publicitarias de los medios, pero no así los auspicios a productoras, periodistas y medios de comunicación, por ejemplo;
4. en cuarto lugar, porque en la Argentina el mercado publicitario privado que constituye el universo de referencia y comparación para determinar si el volumen de la publicidad oficial es o no significativo, suele tramitar valores reales de recaudación inferiores a los que informa, por los descuentos que logran los grandes anunciantes sobre todo en el caso de las empresas audiovisuales (menos, en el caso de las empresas gráficas –diarios y revistas-).

Sin embargo, en base a los datos que se han reunido por parte de la Cámara Argentina de Agencias de Medios y a los datos provistos por fuentes oficiales del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, se puede construir el siguiente gráfico, que muestra el peso relativo que tienen dos de las más cuentas publicitarias gubernamentales en el sistema de avisos (comerciales y oficiales) general en 2010. Como se verá a continuación, dicha incidencia es significativa, ya que alcanza en el caso del gobierno nacional al nueve por ciento (9%) y en el del gobierno porteño, al uno por ciento (1%) de la torta publicitaria en el país.

El Informe

Fuente: Poder Ciudadano

Políticas y normas de acceso a la información pública en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Resumen Ejecutivo:

El presente informe analiza los procesos de implementación de normas y políticas públicas vinculadas a la protección y ejercicio del derecho de acceso a la información pública (AIP) que se verifican en siete países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

El AIP es una institución que comenzó a ser adoptada con vigor por la mayoría de los países en la región en la última década, con la esperanza de que constituyera una medida efectiva para combatir la corrupción, reducir la asimetría en la información que circula entre el Estado y los ciudadanos, proteger y garantizar otros derechos humanos y fortalecer los procesos de rendición de cuentas.

Los organismos del sistema interamericano de protección de derechos humanos (SIDH) proveyeron un fuerte respaldo a estos procesos de diseminación de regulaciones y leyes de acceso en la región, a través de distintos instrumentos, resoluciones y una serie de importantes declaraciones. El proceso de reconocimiento del derecho fue confirmado por un fallo histórico pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006 (Claude Reyes vs Chile), que además delimitó con precisiones las obligaciones del Estado en materia de acceso a la información. La existencia a nivel interamericano de grupos de la sociedad civil que actuaron -y actúan- como impulsores y guardianes del derecho posibilitó una mayor visibilidad y mayor protección del mismo. 

Más cerca en el tiempo la Declaración de Principios del Comité Jurídico Interamericano y la adopción por parte de la Asamblea de la OEA de una Ley Modelo sobre Acceso a la Información, completaron un cuadro de fuerte respaldo normativo supranacional. 

Desde fines de 1990 a la fecha 14 países de América Latina y el Caribe han adoptado leyes de AIP, pero ese éxito en la adopción de marcos legales protectores del derecho no fue seguido en todos los casos por la diseminación de una cultura de la transparencia y del gobierno abierto en los Estados obligados por estas normas. 

Sin olvidar los aspectos normativos, el proyecto “Venciendo la cultura del secreto” se focaliza principalmente en los obstáculos institucionales, culturales y de participación que el AIP encuentra para su incorporación a la cultura de las organizaciones públicas en siete países latinoamericanos estudiados. En ese sentido pretende aportar a la materialización del derecho al acceso a la información en los países del continente, como una herramienta central del fortalecimiento democrático. 

El marco de las declaraciones internacionales y las leyes de AIP que los países adoptan, constituyen una guía adecuada acerca de las obligaciones y nuevos procesos que implica el acceso a la información para los Estados. Observar los programas de implementación e incorporación de esta institución en distintos países, es un asunto central para que estas regulaciones no queden en una simple simulación de apertura, rendición de cuentas y transparencia. 

En la sección I se ofrece un resumen de los principales hallazgos de la investigación en cada una de las variables del AIP estudiadas y las recomendaciones que los autores hacen a los distintos actores (gobiernos, organismos internacionales, etcétera), para aportar elementos a la construcción de políticas públicas de acceso a la información y transparencia. En la sección II se presentan los resultados de la investigación, abordando las distintas variables analizadas y las conclusiones arribadas en cada uno de los países estudiados. 

Informe: https://docs.google.com/open?id=0BzsbMiDsvU4bNDkwM2Q3NWEtYzA5OC00MjAxLWE2N2UtYzY1NmI2ZDJlNmM3

Fuente: www.adc.org.ar

Transferencias transparentes. Herramientas para la evaluación y la promoción de la transparencia.

Autora: Sabrina Ayub

Palabras clave: Acceso a la información pública, Accountability, Administración pública, Corrupción, Subsidios

Año: 2011

Este manual tiene como objetivo contribuir al diseño, implementación y seguimiento de los subsidios que otorgan los Estados a terceros –ya sean personas físicas o jurídicas–. Las transferencias de fondos públicos que realizan los organismos públicos por estos conceptos implican una importante erogación del presupuesto público que exige el establecimiento de reglas claras y transparentes para su asignación, apertura de la información sobre su implementación y un seguimiento activo por parte de los organismos de control y de toda persona que tenga interés en conocer detalles de este ámbito de la gestión pública.

Manual: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzsbMiDsvU4bZjU3MWFmZGItMjE5Mi00MmVjLTgyOTYtNDg0MzY2MjE1Y2U3&hl=es

Fuente: www.cippec.org

El acceso a la información pública. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.El caso “Claude Reyes, Marcel y otros vs. Chile”.

Voces: DEMOCRACIA ~ DERECHOS HUMANOS ~ TRATADO INTERNACIONAL ~ INFORMACION ECONOMICA ~ INFORMACION FINANCIERA ~ DERECHO A LA INFORMACION ~ DERECHO DE INFORMACION ~ REQUERIMIENTO DE INFORMACION ~ ORGANISMO PUBLICO ~ FUNCIONES DE ORGANISMO PUBLICO ~ OBLIGACIONES DEL ORGANISMO PUBLICO ~ CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ~ LIBERTAD DE EXPRESION ~ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ~ ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS ~ FACULTADES DE INTERPRETACION ~ JURISPRUDENCIA

Autor: Bastons, Jorge L.

Publicado en: LA LEY 16/09/2011, 16/09/2011, 1

I. La cultura del poder y su necesaria democratización.- II. Algunos Antecedentes del derecho de acceso a la información pública en el ámbito interamericano.- III. El acceso a la información pública en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso “Claude Reyes, Marcel y otros vs. Chile”.

Abstract: "Sin libertad de expresión y sin posibilidad de acceso a la información no se puede participar en el debate nacional sobre la política económica del gobierno ni obtener la información imprescindible para la protección de todos los demás derechos fundamentales de la persona humana." 

Artículo: https://docs.google.com/leaf?id=0BzsbMiDsvU4bMjk0M2M1OWMtMzcyMy00MzA3LTgzN2UtOGVlNDg3YjJmY2Jl&hl=es

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública para una mayor transparencia en el control de la hacienda estatal

Mariana Sánchez Caparrós

SUMARIO: I. Introducción. II. El principio de transparencia en el ejercicio del control de fondos públicos. III. Los resultados del control constituyen información pública amparada por el derecho de acceso a la información. IV. Conclusiones.

I. Introducción.
Este breve trabajo tiene por objeto analizar cómo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública contribuye al logro de una mayor transparencia en la labor de control de la hacienda estatal, que llevan adelante los órganos de control externo e interno encargados de esta tarea.

En este orden de ideas, y dado que la amplitud del tema que nos ocupa nos permitiría enfocarlo desde diversas aristas, he delimitado este trabajo al examen del vínculo existente entre el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la transparencia que debe reflejarse en la etapa final del control público, esto es, en la etapa del resultado o producto del control.

A este fin, resulta de suma utilidad lo enseñado por el Dr. Guillermo Comadira, quien propicia efectuar una útil división de este proceso en dos grandes etapas: (i) la primera de ellas la constituye esa parte del proceso que va desde la planificación general, es decir, el desarrollo del plan de acción en el que se definen los aspectos que serán sometidos al control, al desarrollo de los procedimientos específicos para ejecutar esa planificación; y (ii) la segunda etapa, que particularmente es la que ha convocado mi interés, es el resultado o producto de ese control1.

Artículo: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzsbMiDsvU4bN2YzNTU0MzAtZDExMy00Mzg4LWIzNGEtZDE2NWU3ZGJmZWYw&hl=es

Fuente: http://www.revistarap.com.ar/

Wikileaks: Assange y Zizek

El australiano Julian Assange debe ser la figura más emblemática de la tensión entre las corporaciones mediáticas y la población mundial. Fue declarado enemigo, asesino y terrorista por políticos y gobernantes norteamericanos, el gobierno sueco lo defenestró y otros hasta llamaron a asesinarlo. Desde hace seis meses se encuentra detenido sin su debido proceso, y pasado mañana enfrenta un pedido de extradición por un confuso cargo de abuso sexual en Suecia. Y todo por dar a conocer información clasificada que ni siquiera robó. El fin de semana pasado, invitado por la organización Democracy Now! y coordinado por su directora Amy Goodman, charló en Londres con el filósofo Slavoj Zizek sobre el impacto de los Wikileaks en el mundo de los medios, en las revueltas de Medio Oriente y en la política norteamericana, de su juicio a Visa y Mastercard por un bloqueo económico, del cambio que la circulación de la información puede traer al mundo y de los perversos manejos legales de la Justicia internacional. Estos son los pasajes más jugosos de esa charla, traducidos en exclusiva por Radar.

Por Amy Goodman

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/ Suplemento RADAR, domingo 10 de julio de 2011

El video completo de la charla puede verse en inglés en el sitio de DemocracyNow! (http://www.democracynow.org/), y partir del lunes 11 comenzó a subirse la versión subtitulada en la página en español de la organización (democracynow.org/es).

Acceso a la información judicial en los Estados Unidos y en Argentina: Apuntes de una revolución silenciosa y bienvenida

Voces: DERECHO COMPARADO ~ ESTADOS UNIDOS ~ DERECHO A LA INFORMACION ~ PODER JUDICIAL ~ PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA ~ PUBLICIDAD ~ EXPEDIENTE ~ PROCEDIMIENTO PENAL ~ PROCEDIMIENTO CIVIL ~ MEDIOS DE COMUNICACION ~ PRENSA ~ REGISTROS PUBLICOS ~ INFORMATICA ~ REQUERIMIENTO DE INFORMACION ~ CONSULTA DEL EXPEDIENTE ~ COMUNICACION ELECTRONICA DE DATOS ~ CENTRO UNICO DE INFORMACION JURIDICA ~ ARCHIVO PUBLICO ~ INFORMATICA JURIDICA

Autor: Sacristán, Estela B. 

Publicado en: Sup. Const. 2011 (marzo), 29/03/2011, 5 - LA LEY2011-B, 

I. Planteo. II. El acceso a la información judicial en los Estados Unidos. III. Acerca del acceso a la información judicial en Argentina. IV. Reflexiones finales.

I. Planteo: 

De un tiempo a esta parte, la Corte Suprema argentina ha generado una serie de acordadas que, con todo acierto, han sido caracterizadas como "acordadas de la transparencia"; específicamente, "herramientas jurídicas para la transparencia de la gestión"(1) de la justicia.

Esa sana tendencia enraíza en un histórico fallo que consagra el acceso a la información del Estado para ejercer control sobre las autoridades; (2) y se plasma en acordadas y resoluciones que abarcan lo relativo a: publicidad de la circulación de los expedientes; (3) fijación de fecha de audiencia en causas de trascendencia institucional; (4) mejoras en la publicación de fallos, acordadas y resoluciones; (5) publicidad de los actos de gobierno y de las contrataciones; (6) identificación de los letrados de las partes según los diversos recursos, juicios y presentaciones; (7) acreditación de periodistas; (8) audiencias bilaterales con jueces de la Corte Suprema; (9) ejercicio de la docencia por parte de magistrados del Poder Judicial (10) y ampliación a funcionarios y empleados de la Corte Suprema; (11) licencias y delegación de atribuciones al Consejo de la Magistratura; (12) Oficina de Prensa; (13) mayoría para adoptar providencias de pedido de remisión del expediente y pase a la Procuración General de la Nación; (14) devolución de chapas protocolares; (15) publicidad de las causas con posterioridad a la celebración de cada acuerdo mediante su remisión al Colegio Público de Abogados de Capital Federal y su incorporación a la página web del Tribunal; publicidad de todos los fallos luego de notificadas las partes; (16) convenio de cooperación técnica entre la Corte Suprema y Argentina Justicia (Argenjus); (17) inhabilidades derivadas del parentesco; (18) intervención de los amicus curiae; (19) publicación de información sobre sentencias descalificadas por arbitrarias y del porcentaje anual por cada tribunal inferior; (20) presentación y consulta de declaraciones juradas patrimoniales del Poder Judicial, (21) y su recepción; (22) trato prioritario a partes y profesionales con discapacidad; (23) creación de la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, (24) del Centro de Información Judicial, (25) y de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, dependiente de Presidencia de la Corte Suprema; (26) intercambio de datos digitales entre la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal; (27) audiencias públicas; (28) alcances de la difusión radial y televisiva de ciertos actos de los juicios penales orales y lineamientos de la cobertura periodística; (29) reestructuración integral de la Biblioteca Central; (30) entre otras.

En esta apretada enumeración, brillan los instrumentos que, de un tiempo a esta parte, están permitiendo el fluido tránsito de información, del Alto Tribunal, a la ciudadanía en general, y a otros actores en particular. (31) Ellos son, sin lugar a dudas, los que permiten, sucintamente: (i) tener acceso a los procedimientos que se llevan a cabo por ante ciertos tribunales, v.gr., la acordada que permite difusión radial y televisiva de ciertos actos de los juicios penales orales, regulando la cobertura periodística respectiva; (ii) conocer la circulación de ciertos expedientes; (iii) acceder a fallos, acordadas y resoluciones; y (iv) conocer las causas, con posterioridad a la celebración de cada acuerdo, en la página web del Tribunal y conocer todos los fallos luego de la notificación a las partes.

Estas modernas herramientas permiten un franco acceso a información judicial. Ahora, dada la larga y rica experiencia que, en la misma materia, se advierte en el ámbito de la justicia federal estadounidense y, en especial, en la Corte Suprema norteamericana, entiendo que resulta relevante reseñar las generalidades de dicho régimen foráneo, para luego repasar el nuestro e identificar algunas particularidades. Veamos.

El artículo completo en: https://docs.google.com/document/d/164eImG1ti9TaXb5hhqWWO2xPUpt_CorqLEGQenl9XOs/edit?hl=es

Julian Assange breaks four-month silence in Cambridge

                               Julian Assange arriving in Cambridge yesterday

Wikileaks founder Julian Assange declared “history will decide” as he broke a four-month silence and gave a talk to hundreds of Cambridge University students tonight.

More than 700 people queued to hear controversial Assange, 39, talk at the Cambridge University Union Society about his life and career. The whistleblower was welcomed by university dignitaries and entered the debating chamber at 5pm.

Mr Assange brought 10 security guards with him, the union hired eight more and police were stationed outside the building.

The address was Assange's first public appearance for four months after he was accused of sexually assaulting one woman and raping another.

When he was answering questions regarding his controversial website Wikileaks, which publicised classified documents about the Iraq war, he said: “The rule of law is a very important thing but when the rule of law starts to break down and human life is on the line, then it is time to operate within a system of ethics.

"I believe there are many circumstances where you must do so and then it is up to history to decide whether one was right to do so.”

He spoke about the internet, the Middle East and he criticised the New York Times for allegedly quashing stories.

He said the internet was a great way to “hold oppressive Governments to account.”

He said: “The battle between those who want to use the internet as a tool of liberation and those who want to use the internet as a tool of control, mass control, is not over, it’s only just beginning.”

When he was asked about Private Bradley Manning, who is currently in jail awaiting trial after he was accused of leaking thousands of documents to Wikileaks, Assange said: “I have to be careful about speaking about Mr Manning.”

He said the best way to keep sources secret was to not know them in the first place by allowing sources to submit material anonymously. Students described his talk as “captivating.”

Katy McEwen, 21, from Newnham College, said: “It was really interesting. I thought he was really captivating."

Last month Belmarsh Magistrates' Court, south-east London, ruled that Assange should be extradited to face charges in Sweden.

He has appealed against the decision through the High Court and is currently awaiting a date for his case to be heard.

Fuente: http://www.cambridge-news.co.uk/Home/

VER TAMBIÉN:

Assange: "Internet es la mayor máquina de espionaje que el mundo jamas ha visto"

El fundador de WikiLeaks consideró que "no favorece" la libertad de expresión ni los derechos humanos

LONDRES (AFP).- Julian Assange, el fundador del sitio de denuncias WikiLeaks, dijo que Internet es "la mayor máquina de espionaje que el mundo jamás ha visto" y un obstáculo para la libertad de expresión.

Hablando ante estudiantes en la prestigiosa Universidad de Cambridge, el australiano señaló que la Red, en particular los sitios sociales como Facebook, le daban a los gobiernos una mayor capacidad de entrometerse.

"Hasta hubo una revuelta en Facebook en El Cairo hace tres o cuatro años", dijo Assange. "Fue muy pequeña. Luego de eso, Facebook fue usado para atrapar a los principales participantes y fueron golpeados, interrogados y encarcelados", agregó.

"Así que mientras Internet tiene en cierta forma la capacidad de dejarnos saber a un nivel sin precedentes lo que está haciendo el gobierno, es también la mayor máquina de espionaje que el mundo jamás ha visto", alertó.

El crecimiento de la tecnología está ayudando a los regímenes tiránicos, dijo el australiano de 39 años, que en la actualidad trata de evitar su extradición a Suecia bajo cargos de ofensas sexuales. "No es una tecnología que favorece la libertad de expresión", afirmó. "No es una tecnología que favorece los derechos humanos. Es más bien una tecnología que puede usarse para instaurar un régimen de espionaje totalitario, como los que nunca hemos visto".

El activista, sin embargo, reafirmó su opinión de que su sitio web había ayudado a disparar la actual revuelta en los países árabes. También sostuvo que la difusión de documentos diplomáticos oficiales de Estados Unidos había "cambiado parte de la dinámica" en Túnez, dando como resultado un eventual cambio de régimen.

Assange expresó asimismo su solidaridad con el soldado estadounidense Bradley Manning, detenido bajo sospecha de haber filtrado los cables, y a quien le declaró su "respaldo por su difícil situación".

Y en la nota siguiente, la importancia del acceso a la información que "desclasificó" wikileaks:

Habían alertado sobre fallas en la seguridad antisísmica de las plantas nucleares

Según un cable filtrado por Wikileaks, en 2008 el OIEA aseguró que las centrales niponas solo podrían resistir un sismo de hasta 7 grados de magnitud.
LONDRES.- Hace ya más de dos años que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) había llamado la atención sobre posibles deficiencias en la seguridad antisísmica de las centrales nucleares de Japón, informó el diario británico The Daily Telegraph citando uno de los miles de cables filtrados por WikiLeaks.

Según WikiLeaks, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió en un cable de diciembre de 2008 que las instalaciones nucleares de Japón no podrían resistir un fuerte terremoto. El organismo, con sede en Viena, aseguró que las centrales nucleares japonesas solo podrían resistir un sismo de hasta 7 grados de magnitud en la escala de Richter.

Los cables indican que un funcionario de la OIEA comunicó a las autoridades japonesas que la seguridad era obsoleta y que un seísmo fuerte supondría "un problema serio".

La contestación de Tokio fue comprometerse a mejorar el nivel de seguridad de todas sus centrales atómicas y se creó un centro de respuesta rápida en la central de Fukushima -la planta más afectada por el terremoto y el tsunami del viernes-, pero los documentos aseguran que el peor escenario que se estableció como hipótesis fue un terremoto de magnitud 7.

El diario británico informa también de que la inquietud sobre la seguridad nuclear en Japón, uno de los países sísmicamente más activos del mundo, fue una materia de conversación en la reunión que celebró en 2008 el grupo de seguridad atómica del G-8 en Tokio.

Otro documento filtrado por WikiLeaks es una comunicación de la embajada estadounidense en Japón tras esa reunión, en el que se cita la opinión de un experto no identificado que expresa su preocupación por la seguridad nuclear frente a terremotos.

"(El experto) explicó que las reglas de seguridad sísmica solo se han revisado tres veces en los últimos 35 años y que la OIEA vuelve a examinarlas ahora. También destacó que recientes terremotos han superado en algunos casos los diseños básicos de algunas centrales nucleares, y ese es un problema serio que impulsa ahora un mayor trabajo de seguridad sísmica", afirma.

En otros cables se explica que el gobierno japonés se opuso a una decisión judicial para cerrar una central en el oeste del país tras las informaciones de que no aguantaría un terremoto de magnitud 6,5. El gobierno de Tokio consiguió frenar la decisión judicial en 2009 con el argumento de que el reactor era seguro y que se habían realizado todas las pruebas de seguridad y garantía necesarias.

WikiLeaks filtró además informaciones oficiales según las cuales Taro Kono, un destacado miembro del parlamento japonés, afirmó ante diplomáticos estadounidenses en 2008 que el gobierno de su país "tapaba" accidentes nucleares ocurridos en el pasado

Fuente de las notas en castellano: http://www.lanacion.com.ar/ 16 de marzo de 2011

WikiLeaks, revelación de secretos y transparencia de la actividad gubernamental

Por Dolores Lavalle Cobo

La filtración de documentos secretos del Departamento de Estado de EEUU por parte de la organización WikiLeaks está produciendo una revolución informativa y tecnológica cuyas incipientes consecuencias aún se desconoce qué efectos reales provocará. WikiLeaks, bajo la dirección de su creador, Julian Assange, ha demostrado que la seguridad y privacidad de la información que circula por la web, ya no será igual que antes de este mega-episodio. Puede suponerse que en el futuro no sólo estaría bajo amenaza la información administrada por el Estado, sino que también se podría encontrar en jaque la difusión de información acerca de empresas privadas, ong´s o personas físicas (individuos). Recientemente, las páginas web de importantes tarjetas de crédito fueron bloqueadas por fuentes externas. En otro plano, como grupo muy vulnerable se encuentran aquellos que integran las redes sociales. Las cuentas de Facebook, Twitter y otras redes sociales fueron hackeadas este año, aún cuando la configuración de su “supuesta” privacidad esté establecida con el máximo rigor, quebrantando sus sistemas de seguridad y dejando al desnudo que ya no hay sitios física ni virtualmente seguros en nuestro planeta.

No obstante, desde el plano jurídico pueden hacerse algunas consideraciones, analizando aspectos legales y morales.

Fuente: http://www.astrea.com.ar/

Carlos Alberto Da Silva

Democracy 2.0: The world after WikiLeaks

WHEN weighing up the fallout of the WikiLeaks saga, both governments and citizens would be wise to remember the words of that advocate of peaceful democratic change, Mohandas Gandhi: "You must be the change you wish to see in the world."

The release of thousands of (frankly underwhelming) secret US diplomatic cables is so much more than the story of a man who thumbed his nose at a superpower. The events of the past few weeks may well mark the time that new technologies made good on their promise to remodel democracy; traditional democracy has been found wanting.

WikiLeaks has handed unprecedented power to ordinary people. "Operation Leakspin", launched by the WikiLeaks-supporting group Anonymous, encourages everyone and anyone to find the most interesting revelations in the leaked cables and spread them virally across the internet.

This has raised thorny questions for democratic governments. Do they have an unassailable right to keep secrets from their citizens? Do they have the right to trample the freedom of individuals if they fear the release of information will embarrass them or, at its most extreme, put lives at risk?

The WikiLeaks saga also raises profound issues for citizens. The past days have seen a popular uprising by armchair activists who are angered by the behaviour of governments and companies. New forms of protest are now possible (see "WikiLeaks wars: digital conflict spills into the real world"). Which of them should be protected as vigorously as free speech?

Citizens must be free to hold their elected representatives to account and express their displeasure at the behaviour of corporations. But some of the tactics we have seen - such as the distributed denial-of-service (DDoS) attacks used by Anonymous members and others to crash websites - are questionable. You could argue that they are merely cyber sit-ins that are no different to traditional forms of civil disobedience. Or you might liken them to looting.

We wholeheartedly support the use of the internet to help citizens make their voices heard. But good citizens must act within the law, and good democracies are built on good laws, so the legal framework may now have to be updated.

Where is all this leading? As a bare minimum democratic governments are going to have to change, on the assumption that everything they do is liable to be leaked. A government's best defence against future revelations is to always be just, straight and fair in its dealings.

Citizens must also change. The balance of power may be tilting in their favour, but with power comes responsibility.

No one knows what Democracy 2.0 will look like, but it will be different. It is going to be a bumpy ride, but it will be well worth tolerating if it results in a freer and more democratic society.

Fuente:http://www.newscientist.com/

Carlos Alberto Da Silva

Derecho a la información y libertad de expresión en el caso Wikileaks

Por Nicolás Carrillo Santarelli

Escribo este post ejerciendo mi derecho de libertad de expresión, uno de los derechos involucrados en el interesante caso de Wikileaks, que es de sumo interés por diversas cuestiones, jurídicas y políticas: en primer lugar, resulta sorprendente que acudiendo a clásicas técnicas falaces y de distracción, los portavoces de Estados Unidos se han dedicado a criticar a Julian Assange y a “condenarlo” de antemano, sin ofrecer explicaciones sobre las irregularidades y violaciones del derecho internacional que podrían entreverse en algunas de las comunicaciones filtradas, como por ejemplo la relativa al espionaje en el seno de la ONU. De haberse dado estas órdenes de espionaje, para proceder con el deber de reparación a su cargo, Estados Unidos debería pedir disculpas (componente de satisfacción), dar garantías de que no se repetirán estos hechos y emprender medidas para obtener el cese de las violaciones en cuestión (ver los artículos 28 a 37 del Proyecto de la CDI sobre responsabilidad internacional del Estado). Por lo demás, si se dijese que las órdenes nunca fueron ejecutadas, estaríamos a mi juicio en un supuesto de violaciones abstractas del derecho internacional, que generan la responsabilidad internacional del Estado incluso si no se implementan, en tanto existen órdenes o directrices que de ejecutarse afectarían en concreto los derechos de una víctima –que de potencial pasaría a actual-, como se discutió por la Corte Interamericana en el párrafo 98 de su sentencia sobre el fondo en el caso Suárez Rosero.

Por lo demás, este caso nos permite analizar una interesante cuestión: ¿existe una independencia entre el contenido de un derecho a la información y la libertad de expresión? A mi juicio la respuesta no es tajante, en tanto existen regímenes internos e internacionales en los cuales ciertamente existe un derecho autónomo de acceso a la información y podría discutirse si un derecho a la verdad entra en juego (ver la discusión en los párrafos 45 a 49 de la sentencia en el caso Barrios Altos contra Perú). Sin embargo, a juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta libertad tiene un componente individual y uno social (ver párrafos 30 a 32 de la Opinión Consultiva 5 de la Corte Interamericana), que garantiza a los individuos no sólo la difusión sino además el acceso a la información e ideas que han de circular libremente, componentes que tienen una gran relevancia, toda vez que incrementan la posibilidad de que exista transparencia de los Estados (párrafos 76 a 79 de la sentencia en el caso Claude Reyes y otros contra Chile): transparencia que, como se desprende de algunos documentos filtrados por Wikileaks, brilla por su ausencia en importantes eventos.

El vínculo entre la democracia y el buen funcionamiento del Estado, controlado por los ciudadanos –que a mi juicio no coinciden con los nacionales- ha sido comentado por el Comité de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana en virtud de otro elemento: la libertad de expresión refuerza los derechos políticos, en tanto permite que los ciudadanos informados elijan a sus representantes o sufraguen con mayor conocimiento de causa y, por ende, de manera más libre (párrafo 12 de la Observación General 25 del Comité y párrafo 70 de la Opinión Consultiva 5 de la Corte).

Al respecto, resulta curioso que precisamente Putin dijese que occidente no tiene la autoridad moral para dar lecciones democráticas a Rusia u otros países, y que Lula Da Silva criticase la condena automática a Assange a la luz de la libertad de expresión, algo de lo que se hace eco la Alta Comisionada para los Derechos Humanos al considerar que si bien el caso resulta complejo, es posible que se violen potencialmente los derechos humanos de Assange en virtud de las posibles acciones con impacto en la libertad de expresión atribuibles a actores no estatales junto a dudosas actitudes de Estados, que deben obrar de conformidad con el “rule of law”. Al respecto deseo manifestar dos cosas: en primer lugar, las manifestaciones de rechazo a Assange son tan absurdas en ocasiones que algunos han solicitado que se lo considere como un terrorista, algo que raya en el ridículo más que evidenciar los problemas de una ausente definición unívoca de terrorismo en el derecho internacional, y que se declare que puede ser atacado militarmente, lo cual violaría su protección como civil en tanto el señor Assange no participa en un conflicto armado, en este caso inexistente -¿guerra contra la prensa?- e, incluso si existiese un conflicto en cuyo contexto participase, sería impensable considerarlo como civil que participa directamente en las hostilidades, de conformidad con los criterios del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Adicionalmente, merece la pena destacar que los cierres a la web de Wikileaks y los ataques contra la misma pueden suponer censura indirecta, que según el artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos toma la forma de restricciones “de expresión por vías o medios indirectos […] encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”, que por ejemplo impidan acceder a la tecnología que permita difundir ideas e información.

Se dirá, naturalmente, que no toda la información publicada por Wikileaks es de interés público, pero toda restricción a las mismas debería tener en cuenta que los límites de la libertad de expresión han de ser necesarios, efectuarse de conformidad con los criterios de proporcionalidad y legalidad, y que cuando haya intereses públicos en el conocimiento de la información la misma no debería restringirse. Todo esto debería interpretarse a la luz del criterio esbozado por la Corte Interamericana según el cual, en principio, en asuntos estatales toda información debe presumirse como de interés público, y que debe demostrarse la existencia de causales que permitan restringir la divulgación de información, las cuales deben aplicarse siguiendo estrictos cauces procedimentales. Como persona que en su vida ha experimentado la importancia de la libertad de expresión, tan valiosa en el medio académico, especialmente cuando muchas mis creencias no son compartidas por todos (y viceversa, lo cual no me impide apreciar la valía de estas personas), no puedo menos que considerar que el caso de Wikileaks, al ser complejo en palabras de la Alta Comisionada, exige mucha cautela y hace que sea imprescindible enfatizar que toda restricción, naturalmente no aplicable cuando se evidencien violaciones del derecho, ha de ser necesaria, proporcional y legal.

Fuente y más información en: http://aquiescencia.net/2010/12/10/derecho-a-la-informacion-y-libertad-de-expresion-en-el-caso-wikileaks/

Carlos Alberto Da Silva

ACCESO A LA INFORMACIÓN: TRABAS A LA CAUSA QUE BUSCA DEMOSTRAR LA COMPLICIDAD DE LA BANCA PRIVADA CON LA DICTADURA MILITAR

Tan complicada como abrir una caja fuerte

Informe: Gabriel Morini para Página 12

Una jueza civil rechazó el pedido para que el Banco Central y el Ministerio de Economía revelen quiénes les prestaron fondos a las juntas militares. Sostuvo que la medida podría generar “caos” y revelar secretos fiscales.

En estos días se presentará una demanda que apuntará al Citibank y al Bank of America

La Justicia civil, en primera instancia, hizo su primer intento para dificultar la investigación sobre la complicidad de la banca privada en el financiamiento de la última dictadura militar. La jueza Graciela González Echeverría rechazó el pedido para que se libren oficios al Ministerio de Economía y al Banco Central para que informen quiénes y cuánto prestaron al país cuando el financiamiento externo estaba prohibido por la condena internacional sobre la Argentina por violaciones a los derechos humanos. Los demandantes anticiparon que apelarán la medida que se escudó en “el caos” que podría generarse, además de una supuesta “posibilidad de violar el secreto fiscal amparado por la ley”. Si la apelación no prospera, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la presentación de la primera demanda concreta contra los dos principales bancos de los Estados Unidos, el Citibank y el Bank of America, que también involucra al Estado, se producirá en estos días y buscará evitar que la corporación judicial le vuelva a cerrar el camino.

El expediente denominado “Ibáñez y otros” que solicitaba se dé curso a una medida preliminar para recolectar las pruebas para una futura demanda civil contra los bancos extranjeros privados fue ingresado el 18 de marzo de 2009. El objetivo de la acción se limitaba a “determinar las entidades crediticias que otorgaron financiamiento al Estado argentino en el período que va entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983”. De acuerdo con la investigación realizada por el jurista Juan Pablo Bohoslvasky, esos créditos hicieron posible y facilitaron que la Junta Militar se mantuviera en el poder y llevara a cabo las sucesivas violaciones a los derechos humanos a través de la desaparición forzada de personas, la tortura, el asesinato y la apropiación de bebés.

Nada fue fácil en el derrotero judicial de la causa, que por un conflicto de competencias entre diversos fueros demoró más de un año y medio hasta que la Cámara Civil y Comercial federal se desentendió del asunto y se lo derivó al juzgado civil en primera instancia, bajo las órdenes de González Echeverría. Sin darle intervención ni siquiera al Ministerio Público, la magistrada desechó el planteo y cuestionó el pedido de “diligencias preliminares” para llevar a cabo esta investigación. El expediente solicitaba que se libren oficios al Ministerio de Economía y al Banco Central para que estos organismos informen, en principio, “el monto total de los préstamos tomados por la Administración Pública Nacional, provincial y municipal”, ya sea por cualquiera de sus dependencias o empresas con participación estatal.

El caso de Obras Públicas, o incluso YPF, es paradigmático de cuáles fueron las fachadas que utilizó la Junta Militar para hacerse de fondos en plena dictadura. En esos oficios también se requería que se identifique a “las entidades prestatarias”, además de la “fecha y monto” de cada uno de esos préstamos. El escrito, además, estipulaba que la futura demanda por los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas de desaparición forzada y de asesinato –según avalan los casos comprobados en la Justicia penal– rondaría los dos millones de pesos por cada uno de los afectados. Se citó como jurisprudencia la causa Olmos, que ha profundizado en el origen de la deuda externa, auspiciada por los préstamos solicitados por los militares para mantener el régimen.

Justificaciones

González Echeverría ya había intentado que la causa no recayera en su juzgado argumentando que no era competencia del fuero civil ordinario, sino de la Justicia federal, ordenar la investigación sobre los bancos privados que financiaron a la dictadura. González Echeverría es la misma magistrada que, en 2002, le otorgó una medida cautelar a un grupo de abogados católicos que se oponían a la vigencia de la Ley de Salud Reproductiva en la Ciudad. En esta ocasión, lo primero que hizo en su fallo fue cuestionar la modalidad elegida por los abogados para solicitar las pruebas.

A su criterio, no consideró que la recolección de éstas deba adelantarse, ya que no advierte que resulte “dificultoso o imposible” hacerlo durante el proceso y que esta medida sólo debería otorgarse por “excepción”. Además, agregó que como no se individualiza cuál es la documentación que se solicita, dar curso a la acción “generaría no sólo un caos, dada la falta de infraestructura de este edificio para soportar la carga”, sino además que echar luz sobre los préstamos y las entidades incluye “la posibilidad de violar el secreto fiscal amparado en la ley”.

En su dictamen, González Echeverría aseguró que a pesar de los años transcurridos “nada parece arriesgar la desaparición de documentación existente en entidades bancarias y otros organismos”, debido a los controles estatales y a la “grave responsabilidad” que conllevaría que esa información no pudiera encontrarse hoy en día. Agrega que teniendo en cuenta la “amplitud de las medidas” y los “inconvenientes que traería la intimación” a los bancos y a los organismos relacionados con el Estado es que decide rechazar la investigación “máxime si no se ha acreditado que el futuro demandado se haya negado a mostrar la documentación requerida”.

En síntesis, traslada la tarea de buscar la documentación que debería ser provista por el BCRA y el Ministerio de Economía a los demandantes, a la vez que intenta cerrar el camino para que no se profundice en los datos ya que su volumen excedería cualquier tribunal. Los denunciantes cuestionaron la “confianza” de la jueza en la buena voluntad de las entidades financieras para aportar la documentación que podría comprometerlos como cómplices de crímenes imprescriptibles.

Rechazos

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que había apoyado la presentación de la causa Ibáñez– rechazó la medida adoptada por la jueza. “Los Estados, incluido el Poder Judicial, deben garantizar el acceso a la información pública vinculada a hechos como los denunciados en el escrito”, subrayaron los abogados del organismo a Página/12. En ese sentido, agregaron que en su fallo la jueza reconoce dificultades en el acceso a la información pero rechaza el pedido “con argumentos que debieran oponer los futuros demandados”. Además, criticaron que se hable de “saturación” de información y que no se proponga una solución desde la Justicia para que las víctimas puedan conocer las responsabilidades de los bancos. Los letrados señalaron que el fallo posee muchas contradicciones y que la magistrada termina presuponiendo cuestiones que justificarían el pedido de prueba anticipada que termina por rechazar. “Aquí se encuentra en juego el acceso de las víctimas a la justicia”, reclamaron desde el CELS, sobre la decisión será apelada en Cámara los próximos días. Si la causa sufre un nuevo revés, los demandantes evaluarán la posibilidad de acudir a la Corte Suprema para que dirima la cuestión.

 

Fuente:http://www.pagina12.com.ar/ Martes 14 de diciembre de 2010

 

Juan Pablo Bohoslavsky

WIKILEAKS: THE PHILOSOPHY OF JULIAN ASSANGE

La filosofía de Julian Assange

Brian Leiter en su blog reporta que el profesor Peter Ludlow de Northwestern University ha subido un paper sobre la filosofía de Julian Assange creador de Wikileaks. El paper reflexiona sobre la idea de conspiracy o conspiración de Assange, que se basa en la unión de dos o más personas para beneficiarse o realizar determinadas actividades non sanctas. La filosofía de Assange consiste en desmontar estas conspiraciones a través de la idea de redes. La red permite que los weaks o filtraciones crezcan exponencialmente de manera geométrica en interés de los que se ven perjudicados en las conspiraciones. El texto de Ludlow se basa en el documento de Assange ¨Conspiracy as a Governance¨.

Fuente:http://iureamicorum.blogspot.com/ aquí se puede leer el artículo de Assange y otros sobre wikileaks.

El paper puede bajarse de:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzsbMiDsvU4bMDliYWE2MWEtYTc3NS00ODQ3LWIyZWEtNDMyZjAyODQ1ZTBj&hl=es
(bajado de iureamicorum)

Carlos Alberto Da Silva

LA NOTICIA DEL LANZAMIENTO EN INTERNET DE LA WDL, LA BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL

 QUÉ REGALO DE LA UNESCO PARA LA HUMANIDAD ENTERA!

Ya está disponible en Internet, a través del sitio:

http://www.wdl.org/

Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta.

Tiene, sobre todo, carácter patrimonial, anticipó ayer a LA NACIÓN Abdelaziz Abid, coordinador del proyecto impulsado porla Unesco y otras 32 instituciones.

La BDM no ofrecerá documentos corrientes , sino "con valor de patrimonio, que permitirán apreciar y conocer mejor las culturas del mundo en idiomas diferentes: árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués. Pero hay documentos en línea en más de 50 idiomas".

"Entre los documentos más antiguos hay algunos códices precolombinos, gracias a la contribución de México, y los primeros mapas de América, dibujados por Diego Gutiérrez para el rey de España en 1562", explicaba Abid.

Los tesoros incluyen el Hyakumanto darani, un documento en japonés publicado en el año 764 y considerado el primer texto impreso de la historia; un relato de los aztecas que constituye la primera mención del Niño Jesús en el Nuevo Mundo; trabajos de científicos árabes que desvelan el misterio del álgebra; huesos utilizados como oráculos y estelas chinas; la Biblia de Gutenberg; antiguas fotos latinoamericanas de la Biblioteca Nacional de Brasil y la célebre Biblia del Diablo, del siglo XIII, dela Biblioteca Nacional de Suecia.

Es fácil de navegar.

Cada joya de la cultura universal aparece acompañada de una breve explicación de su contenido y su significado. Los documentos fueron

escaneados e incorporados en su idioma original, pero las explicaciones aparecen en siete lenguas, entre ellas, EL ESPAÑOL.

La biblioteca comienza con unos 1.200 documentos, pero ha sido pensada para recibir un número ilimitado de textos, grabados, mapas, fotografías e ilustraciones.

¿Cómo se accede al sitio global?

Aunque será presentado oficialmente hoy en la sede de la Unesco , en París, la Biblioteca Digital Mundial ya está disponible en Internet, através del sitio www.wdl.org

El acceso es gratuito y los usuarios pueden ingresar directamente por la Web , sin necesidad de registrarse.

Permite al internauta orientar su búsqueda por épocas, zonas geográficas, tipo de documento e institución.

El sistema propone las explicaciones en siete idiomas (árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués). Los documentos, por su parte, han sido escaneados en su lengua original.

De ese modo, es posible, por ejemplo, estudiar en detalle el Evangelio de San Mateo , traducido en aleutiano por el misionero ruso Ioann Veniamiov, en 1840...

Con un simple clic, se pueden pasar las páginas de un libro, acercar o alejar los textos y moverlos en todos los sentidos. La excelente definición de las imágenes permite una lectura cómoda y minuciosa.

Entre las joyas que contiene por el momento la BDM está la Declaración de Independencia de Estados Unidos, así como las Constituciones de numerosos países; un texto japonés del siglo XVI considerado la primera impresión de la historia; el diario de un estudioso veneciano que acompañó a Fernando de Magallanes en su viaje alrededor del mundo; el original de las "Fabulas" de Lafontaine, el primer libro publicado en Filipinas en español y tagalog, la Biblia de Gutemberg, y unas pinturas rupestres africanas que datan de 8000 A .C.

Dos regiones del mundo están particularmente bien representadas: América Latina y Medio Oriente. Eso se debe a la activa participación de la Biblioteca Nacional de Brasil, la biblioteca Alejandrina de Egipto y la Universidad Rey Abdulá de Arabia Saudita.

La estructura de la BDM fue calcada del proyecto de digitalización de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que comenzó en 1991 y actualmente contiene 11 millones de documentos en línea.

Sus responsables afirman que la BDM está sobre todo destinada a investigadores, maestros y alumnos. Pero la importancia que reviste ese sitio va mucho más allá de la incitación al estudio a las nuevas generaciones que viven en un mundo audiovisual. Este proyecto tampoco es un simple compendio de historia en línea: es la posibilidad de acceder, íntimamente y sin límite de tiempo, al ejemplar invalorable, inabordable, único, que cada cual alguna vez soñó conocer.

-----------------------------------------------------------

EL MUSEO VIRTUAL MAS GRANDE DEL MUNDO

Entrár en la siguiente dirección:

http://www.mystudios.com/artgallery/

Boletín Oficial de la República Argentina: acceso libre y gratuito, vía Internet, a la edición diaria y a la Base de Datos de la Primera Sección.

Secretaría Legal y Técnica Presidencia de la Nación

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

Resolución 70/2010

Establécese la entrada en vigencia del acceso libre y gratuito, vía Internet, a la edición diaria y a la Base de Datos de la Primera Sección del Boletín Oficial de la República Argentina.

Bs. As., 1/11/2010

VISTO la propuesta efectuada por la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, la RESOLUCION S.L. y T. Nº 63 del 22 de diciembre de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por el acto citado se han establecido los precios por los servicios que brinda la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL de acuerdo con el Cuadro Tarifario que se consigna en el Anexo I que forma parte del mismo.

Que en el marco del proceso de institucionalidad y transparencia que el Gobierno Nacional ha establecido como política de Estado, se encuentra el acceso irrestricto a la información pública.

Que la Primera Sección del BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, conteniendo la legislación y avisos oficiales, se edita en versiones gráfica y vía Internet.

Que el conocimiento de dicha información por los ciudadanos es imprescindible para el ejercicio de los derechos que su condición de tales les confiere.

Que en consecuencia, ha de facilitarse al público el acceso a la información permitiendo su obtención en forma libre y gratuita.

Que los sistemas informáticos con que cuenta la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL viabilizan la edición diaria vía Internet de manera rápida y eficaz, como así también la formación de Bases de Datos que contengan la misma en orden cronológico desde 1895.

Que entre otros servicios el referido organismo edita en forma gráfica SEPARATAS y COMPENDIOS LEGISLATIVOS.

Que los costos de tales procesos editoriales se han incrementado, debiendo por ende actualizar su precio de comercialización.

Que también se ha propuesto la redefinición del servicio "Sistema de Alerta" de la Segunda Sección del BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA de manera tal que su utilización resulte optimizada al máximo.

Que, asimismo, se procura contemplar cuidadosamente una tarifa racional y acorde con el servicio que se brinda y con los costos que ello conlleva.

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos Nros. 918 del 17 de julio de 2001 y 1272 del 11 de octubre de 2001.

Por ello,

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1º — Establécese a partir del 1º de enero de 2011 el acceso libre y gratuito, vía Internet, a la edición diaria y a la Base de Datos de la Primera Sección "Legislación y Avisos Oficiales" del BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Suprímese desde dicha fecha el Punto 4.2.1.1. del Cuadro Tarifario aprobado como Anexo I de la Resolución S.L. y T. Nº 63 del 22 de diciembre de 2009.

Art. 2º — Modifícanse, a partir del 1º de noviembre de 2010 los puntos 4.2.1.2., 4.2.1.2.1 Sistema de Alerta y 5.- SEPARATAS Y COMPENDIOS LEGISLATIVOS del Cuadro Tarifario aprobado como Anexo l de la Resolución S.L. y T. Nº 63 del 22 de diciembre de 2009, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

"4.2.- Soporte Informático.

4.2.1. Suscripción anual Vía Internet.

4.2.1.2. – Segunda Sección ‘Contratos sobre personas jurídicas. Convocatorias y avisos comerciales. Edictos judiciales. Partidos Políticos e Información y Cultura’.

Abono anual hasta 280 ejemplares: PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/00 ($ 793.50).

Nota: Las tarifas precedentemente indicadas no comprenden los gastos y tributos que pueda devengar el pago de la suscripción.

En caso de solicitarse suscripciones por períodos diferentes a los tarifados, previa autorización de la Dirección Nacional del Registro Oficial, su valor será proporcional al tiempo requerido.

La suscripción anual incluye el acceso a la base de datos de los ejemplares del B.O.R.A. desde el año 1962."

 "4.2.1.2.1.- Sistema de Alerta.

Suscripción anual hasta 5 (CINCO) palabras o expresiones: PESOS CIEN ($ 100).

Suscripción anual hasta 10 (DIEZ) palabras o expresiones: PESOS CIENTO OCHENTA ($ 180).

Suscripción anual hasta 20 (VEINTE) palabras o expresiones: PESOS TRESCIENTOS ($ 300)."

"5. — SEPARATAS Y COMPENDIOS LEGISLATIVOS:

5.1. SEPARATAS.

Separatas de hasta 150 páginas: PESOS QUINCE ($ 15.-).

Separatas de hasta 250 páginas: PESOS VEINTE ($ 20.-).

Separatas de más de 250 páginas: PESOS VEINTICINCO ($ 25.-).

En la edición de cada separata, la Dirección Nacional del Registro Oficial fijará su valor de acuerdo con la tarifa pautada.

5.2. COMPENDIOS LEGISLATIVOS:

Cada ejemplar por materia: PESOS SESENTA ($ 60.-)."

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Carlos A. Zannini.

Fuente:http://infoleg.mecon.gov.ar/

Juan Pablo Bohoslavsky

Carlos Alberto Da Silva

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CASO "MORALES c. SIGEN" DEL 14/09/2010

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Solicitud de informes producidos, aprobados y a aprobarse por la Sindicatura General de la Nación. ACCIÓN DE AMPARO. Improcedencia. Falta de legitimación activa. Ciudadano y legislador nacional. Falta de acreditación del daño de las prerrogativas legislativas y de un perjuicio como individuo. REGLAMENTO GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL. Alcance. LEGITIMACIÓN ACTIVA conforme a los arts. 1, 2 y 6 del decreto 1172/2003 1172/2003 . Suficiencia de la mera condición de persona física. Ausencia de necesidad de acreditar un derecho subjetivo o interés legítimo

"Morales, Gerardo Rubén c/ E.N. -SIGEN- dto. amparo ley 16.986" – CNACAF – 14/09/2010

SUMARIOS

“En principio, la calidad de legislador que ostenta el actor no es suficiente para otorgarle legitimación para accionar en los términos propuestos en tanto no está acreditado que hubiera sufrido un daño claro, directo, inmediato de sus prerrogativas legislativas, ni la existencia de un perjuicio hacia sí mismo como individuo. Más aun, el actor no representa a la cámara legislativa que integra ni al pueblo de la Nación (lo que compete a la primera), por lo cual podría arribarse al irrazonable resultado de extender la medida cautelar pretendida y la acción de amparo incoado a sujetos que no sólo no las han planteado sino que, incluso, podrían no compartirlas (C.S.J.N. "Thomas" [Fallo en extenso: elDial.com - AA5FE2] del 15-6-10).”

“Cabe advertir que el acceso a la información que pretende el amparista tiene adecuado resguardo a través de la presentación formulada a la SIGEN por la Auditoría General de la Nación, órgano de control externo del sector público nacional, dependiente del Congreso Nacional (confr. art. 116 de la ley 24.156).”

“Mediante el decreto 1172/2003 1172/2003 se aprobó el "Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional" como anexo VII de la citada norma ( confr. art. 4o). El objeto de dicho reglamento es "...regular el mecanismo de Acceso a la Información Pública, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento" (art. 1o). Establece que sus disposiciones resultan aplicables "...en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional..."( art. 2o). Asimismo, dispone que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado (art. 6o).”

“Dicho marco normativo [decreto 1172/2003 1172/2003 ] le alcanza a la Sindicatura General de la Nación en la medida que se trata de un órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional ( art. 96 de la ley 24.156) siendo una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la Nación ( art. 97). De este modo, teniendo en cuenta que la pretensión formulada por el actor es que la Sindicatura General de la Nación ponga a su disposición los informes producidos, aprobados y a aprobarse por ese organismo, la sola condición de persona física del accionante otorga suficiente legitimación activa para la procedencia de la vía intentada con arreglo a los términos de las normas antes citadas. Ello, sin perjuicio de lo que se decida al resolver la cuestión de fondo planteada.”

Citar: [elDial.com - AA6484]

Gentileza Dra. Dolores Lavalle Cobo. Su grupo de "Acceso a la información pública" en Facebook:http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=117782441584132

En la entrada, el fallo completo: fuente: http://www.eldial.com.ar/

Carlos Alberto Da Silva

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: EL PRESUPUESTO DEL ESTADO NACIONAL

El Caso Morales: Implicancias Jurídicas, Políticas y Económicas

Por Dolores Lavalle Cobo para La Ley

I.- Los Hechos

En el año 2006 el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados cuyo propósito consistía en obtener la aprobación de la ampliación del Presupuesto Nacional en relación con el monto máximo y originalmente establecido para la colocación de Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales destinados a cancelar pasivos suscitados en tal año, bajo la denominación del rubro “proveedores”. Durante el debate del proyecto en la Cámara se verificó la omisión de información acerca de la identificación de los “proveedores”, mediante la cual se requería una suma excesivamente abultada, millonaria. No obstante, el proyecto fue aprobado y girado a la Cámara de Senadores.

En la Cámara Alta, algunos integrantes de los bloques minoritarios de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también constataron la falta de información necesaria para evaluar la legalidad y pertinencia del proyecto de ley, indispensables para su aprobación. Para subsanar esta carencia, los legisladores Morales y Sanz presentaron pedidos de informes al Ministerio de Economía a fin de tomar conocimiento del detalle de quienes eran los beneficiarios de los pagos de las sumas de dinero consignados en el rubro “proveedores”, los cuales no fueron atendidos por tal organismo. A pesar de los reiterados requerimientos acerca de la información relativa a la identificación de los “proveedores”, el Ministerio de Economía se mantuvo en silencio.

La negativa a enviar la información requerida tuvo como consecuencia que los bloques minoritarios y otros legisladores se negaran a emitir un dictamen de Comisión y en consecuencia, a tratar el proyecto en el recinto parlamentario, alegando que se menoscababa el debido ejercicio de su obligación de contralor y supervisión parlamentaria, así como el resguardo de los intereses económicos del Estado Nacional y de la ciudadanía. Finalmente, el proyecto no fue debatido.

Posteriormente, como resultado del fracaso en el tratamiento del proyecto de ley en el Senado, se les comunicó a los legisladores que el total de la ampliación solicitada por el Estado Nacional tenía como propósito la cancelación de pasivos contraídos con un supuesto acreedor privado: el Grupo Greco [1]. La novedad impulsó la presentación de un pedido de información al Ministerio de Economía utilizando una herramienta legal, el decreto 1.172/03 de acceso a la información pública. El pedido no fue cumplimentado en los plazos establecidos por el decreto, diez días hábiles, mas un plazo similar en caso de que la institución requerida solicite una prórroga. La omisión del Ministerio de Economía en dar respuesta al pedido motivó la presentación judicial de una acción de amparo por mora (art. 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), habilitada por el decreto 1.172/03 en el artículo 14.

El Ministerio de Economía respondió a la demanda justificando la negativa en la excepción del artículo 16, inciso f) del decreto mencionado, -información preparada por los asesores jurídicos para el armado de la estrategia legal-, argumento rechazado por la Justicia en primera y segunda instancias, ordenando a la demandada a entregar la documentación requerida por la actora. La información fue retirada debidamente.

Por otra parte, con posterioridad a la sentencia de Cámara, el Ministro de Economía creó un Grupo de Trabajo (“GT”) en el ámbito de la Secretaría Legal y Administrativa con el propósito de concentrar en una sola oficina pública toda la documentación que permitiera determinar los créditos y pasivos entre el Estado Nacional y el Grupo Greco. Del estudio realizado por el GT se obtuvo como conclusión que el Estado Nacional es acreedor –en lugar de deudor- del grupo empresario, lo que dio origen a la presentación de una acción en sede penal.

Gentileza Dra. Dolores Lavalle Cobo

En la entrada, al final, el fallo completo: fuente:http://www.laleyonline.com.ar/

Carlos Alberto Da Silva

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO DENUNCIÓ "UN OPERATIVO CERROJO" PARA EVITAR QUE AVANCEN CAUSAS DE CORRUPCIÓN

Viedma (ADN).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, denunció hoy que desde la Justicia le niegan legitimidad para actuar en casos sobre presunta corrupción por parte de algunos funcionarios rionegrinos, especialmente el STJ; señaló que se trata de obstáculos para llegar a conocer la verdad; admitió que “es imposible” acceder a la documentación de la causa Sartor; y calificó de “operativo cerrojo” a una estrategia que aseguró parte desde el Poder Judicial.

Piccicini ofreció esta mañana una conferencia de prensa, cuando dijo hoy estar sorprendida porque en los procesos judiciales en los cuales está actuando por presuntas irregularidades administrativas por parte de algunos funcionarios rionegrinos se le nieguen legitimidad y señaló que de ese modo “se llegan a conclusiones erróneas y diametralmente opuestas a los textos vigentes”.

En ese sentido, aseguró que “no cabe duda que conforme el texto constitucional y legal me encuentro legitimada a actuar, sin importar el tipo de proceso y en la medida que se afecten derechos colectivos o difusos, con mas razón si surgen de hechos y/o actos de la administración”.

“Agregó: “Pretender torcer -como intentan los fallos a que haré referencia y que considero emblemáticos – la clara manda constitucional y legal, es palmariamente arbitrario, buscando limitar el ámbito de acción de la Defensoría del Pueblo de manera tendenciosa, a todas luces contraria a derecho”.

Fuente:http://www.adnrionegro.com.ar/ 30 de septiembre de 2010

 

Carlos Alberto Da Silva