Fuentes oficiales dicen que no les darán el listado de los teléfonos pinchados.
Por Luciana Geuna
La Secretaría de Inteligencia (SI) no responderá los principales pedidos de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia. Este cuerpo parlamentario, que estuvo inactivo desde su creación, está constituido ahora por una mayoría de la oposición que intentará darle impulso y transparentar las oscuras cuentas y misiones de la ex SIDE. En fuentes del organismo consultadas por Clarín reconocieron que se ampararán en algunos argumentos legales para negarle a los legisladores la información más sensible: listados de teléfonos intervenidos e informes de inteligencia.
Según esas fuentes, la ley de Inteligencia los protege de revelar, por ejemplo, las pinchaduras en curso, los informes internos anuales y las identidades de sus empleados, todas cuestiones que están en la agenda de la Comisión para tratar en forma secreta.
Estos argumentos adelantan una puja que recién empieza . Según explicó a Clarín un especialista en la materia y asesor legislativo, José Manuel Ugarte, estos pedidos de información “están perfectamente encuadrados en la Ley Nª 25.520 de Inteligencia Es más -continuó- se trata de cuestiones que la Comisión no sólo puede, sino que debe controlar ”.
De hecho, los informes de inteligencia anuales del organismo, deberían, por ley, llegar sistemáticamente a la comisión, cosa que aparentemente no sucedió nunca aunque es difícil saberlo aún para los nuevos integrantes de la comisión. Sucede que los mismos empleados de la Bicameral les niegan acceso a los archivos .
Los reclamos por transparencia a la ex SIDE se dan en un contexto en el que se fueron haciendo cada vez más visibles las operaciones políticas del Gobierno a través de información de esta agencia. El último ejemplo es de ayer: este diario publicó en exclusiva la denuncia de tres jueces federales que señalaron al director General de Operaciones, Antonio Stiuso por una campaña en su contra.
Entre los pedidos de la Comisión están, además, los listados del personal asignado a las delegaciones de todo el país, otro punto que los espías no quieren revelar. En este caso, la ley podría avalarlos porque “un oficial de inteligencia cuya identidad se revela simplemente no sirve más”, explicó Ugarte.
Ayer, diputados de la Coalición Cívica encabezados por Elisa Carrió reforzaron estos pedidos enviándole a la Comisión una batería de recomendaciones: pidieron que “se reciba información y aportes de números telefónicos de funcionarios, legisladores, políticos y periodistas autorizando el cruce de con la base de datos remitida por el organismos de inteligencia”. También solicitaron que se curse a la Justicia el listado -y la evolución- de las causas judiciales que se encuentren con orden de escuchas telefónicas.
En paralelo quieren que las telefónicas remitan todos los números intervenidos para que sean cruzados con la información de la SI sobre las líneas escuchadas.
La polémica por pinchaduras ilegales del propio Estado a través de la SI tiene varios expedientes abiertos en Tribunales. Uno sobre hackeos masivos de cuentas de mail y otro muy conocidas, que está radicado -y sin novedades desde hace mucho tiempo- en el juzgado federal de Zárate-Campana. Allí estudian una central que pinchaba teléfono a funcionarios y dirigentes políticos.
Carlos Alberto Da Silva
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