Por Alicia Miller
31/10/2010
En la madrugada del 17 de junio de este año el cabo Sergio Colombil, de 28 años, disparó sobre el adolescente Diego Bonefoi en el barrio Boris Furman de Bariloche. Eran las 4:30. El cabo y otros dos policías perseguían a chicos con bultos que –luego se confirmó– eran objetos robados. Bonefoi corría y miraba de costado a su perseguidor. La bala de 9 milímetros le atravesó la cabeza de izquierda a derecha. Tenía 15 años, como sus acompañantes. Al procesar al policía, el juez Gaimaro Pozzi le imputó homicidio calificado por abuso de la función policial. Un chico que huía sin oponer resistencia –merituó– no representaba un peligro que justificara usar el arma. Pero tomó nota de la escasa instrucción de tiro que había recibido el policía; que el seguro del arma reglamentaria no funcionaba y el percutor era tan celoso que se disparaba con sólo tocarlo; la cartuchera no era para esa arma; fallaba la adherencia del cierre y las correas que debían sujetarla al muslo. La situación, entendió, era peligrosa para toda persona que se acercara al cabo.
Poco antes de la medianoche del sábado 23 de octubre, el sargento Silvano Meza, de 40 años, acudió con un colega ante el llamado de un vecino que alertaba por adolescentes cerca de la escuela del barrio Lavalle, en Viedma. Sucedió lo lógico: los jóvenes corrieron. Guillermo Trafiñanco, de 16 años, pasó el cerco de la escuela. El sargento Meza lo siguió. Instantes después, con el chico en el piso, le disparó por la espalda con la 9 milímetros causándole la muerte. Meza, que ya tenía dos denuncias por apremios, no declaró ante el juez. El chofer del patrullero argumentó que aquel corría y el arma se le disparó.
No cuesta recordar hechos igualmente terribles. Como el asesinato en 2006 de Pablo Huenteleo, de 22 años, cuando estaba ebrio, desarmado y detrás de su madre, en la puerta de su casa de Valcheta. Acababa de discutir y golpear a su novia. Para notificarlo de esa denuncia lo buscaba el agente Rogelio Flores, que lo mató de dos tiros. Inicialmente Flores fue condenado a 12 años de prisión por homicidio en abuso de su función policial, pero el STJ cambió la tipificación por "homicidio en exceso de legítima defensa", por lo cual –condenado a seis años– el agente espera en libertad que el fallo quede firme.
Desde el punto de vista penal, cada uno de estos sucesos debe ser evaluado por separado. Corresponde a los jueces merituar las circunstancias, las pericias, los testimonios...
Pero, en lo político, son eslabones indubitables de que la Policía de Río Negro comete demasiados errores fatales. Y que los funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen responsabilidad sobre la fuerza no han hecho lo suficiente por corregirlos.
No resulta difícil ubicar en el tiempo el comienzo y las causas del deterioro técnico y moral de la Policía de Río Negro. No fue un fenómeno fortuito. Ocurrió como resultado de la intervención de la política en la designación de los jefes de Policía, en lugar de privilegiarse la capacitación profesional y la aptitud personal para el cargo.
De todo se ha visto en Río Negro en los últimos quince años: jefes adulones, con menos formación que la Plana Mayor, predispuestos a admitir compra de equipamiento inadecuado, con tendencia a aplicar premios y castigos por adhesiones personales y no por razones de servicio...
La declinación fue constante, fueran los jefes escasamente formados –como Carlos Ramos, Héctor Elosegui o Víctor Cufré– o vulnerables a los mandatos políticos –como Rogelio Lardapide–.
Durante todo este lapso, fueron pasados a retiro obligatorio varios de los oficiales superiores mejor formados, fuera por el ascenso precipitado de gente con rango menor o por la decisión política de desactivar el funcionamiento de los controles institucionales en las áreas administrativas o de servicio.
Paralelamente, los sumarios administrativos y las causas judiciales se archivaban para los amigos, sin medir los efectos en la calidad de la fuerza y en el ánimo de quienes procuraban profesionalizar la institución. Cansados de ver protección e impunidad, ya nadie denunció nada. Y hoy cuesta establecer la diferencia entre policías honestos y corruptos, entre aptos e improvisados.
En ese terreno fangoso flota la investigación que la Justicia de Río Negro sigue aún sobre los varios policías investigados por promover o facilitar la corrupción o la prostitución de menores, encubrir la trata, abusar de su autoridad o incumplir sus funciones protegiendo a proxenetas de Roca y Valle Medio.
Si bien el sobreseimiento dictado por la jueza Marisa Bosco derivó en que el expediente fuera girado en su mayor parte a la Justicia Federal de Roca, todavía son muchos los elementos que esperan resolución en jurisdicción provincial. Entre ellos, el caso del comisario a quien las evidencias señalan como amigo y cliente habitual de uno de los locales, cuyo dueño está siendo investigado por trata de personas y violación a leyes de profilaxis y migraciones.
Es probable que, para Miguel Saiz, la problemática policial sea uno de los aspectos menos afines a su vocación jurídica civilista. También lo es que haya cultivado con Víctor Cufré una amistad tan fuerte y sincera que lo impulse a no tomar decisiones que puedan afectarlo. Hasta es posible suponer que el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, haya ganado semejante confianza en el poco tiempo que lleva en el gabinete.
Pero es obvio que el gobernador comete un error al no tomar cartas en el asunto.
En principio, falta con ello el respeto a las víctimas de la brutalidad o la incapacidad de efectivos de la Policía. Pero, principalmente, priva a su gestión –y a los rionegrinos– de la posibilidad de contar con una Policía capacitada científica y jurídicamente, comprometida con la comunidad y trabajando en coordinación con otros organismos sociales, educativos y de atención de la salud del Estado provincial, en lugar de avergonzar por defecto o por exceso.
ALICIA MILLER
No se pueden dejar de destacar las siguientes declaraciones del Secretario de Seguridad de la Provincia, insertas en la nota del Diario Río Negro de fecha 31/10/2010 titulada "Cufré fustiga y lanza desafíos a la dirigencia política": "Un arrebato similar tuvo hace algunos meses atrás durante otra reunión en Viedma, también acompañado por Larreguy, con empresarios y miembros del Consejo Local de Seguridad. Allí consideró que la policía estaba acotada en su accionar al tener que "respetar los derechos humanos". Aquellas afirmaciones sorprendieron pero, todos silenciaron cualquier reacción." (AV)
Fuente:http://www.rionegro.com.ar/ Carlos Alberto Da Silva
