El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su Informe Anual 2011 sobre la situación de los derechos humanos en Argentina el jueves 5 de mayo a las 18.30 en la sala Leopoldo Lugones de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Participaron del encuentro el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni; la abogada de la agrupación H.I.J.O.S, Ana Oberlin; el presidente del CELS, Horacio Verbitsky; y el director ejecutivo de la institución, Gastón Chillier.
El Informe 2011 destaca los avances logrados a lo largo del último año, mediante la implementación de políticas que ampliaron el ejercicio de derechos humanos para muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, advierte que esos avances conviven con deudas históricas del Estado democrático.
De acuerdo con el diagnóstico anual del CELS, un régimen democrático con mayor solidez institucional y menores niveles de desigualdad involucra cuestiones centrales como garantizar la seguridad ciudadana, eliminar la tortura, mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, democratizar el debate público y el acceso a los medios de comunicación, desterrar la discriminación, asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la salud, a la educación y a la vivienda y mejorar la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos, entre muchas otras.
En los últimos años diversas experiencias demostraron la capacidad de la sociedad civil para articular estrategias jurídicas y políticas que redundaron en transformaciones sociales relevantes y fortalecieron la institucionalidad democrática. Durante 2010 este tipo de procesos produjo avances sustanciales en materia de derechos humanos.
Entre esos logros, el Informe destaca la sanción de la ley de matrimonio igualitario que reformó el Código Civil para eliminar cualquier restricción basada en el sexo de los contrayentes; la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Migraciones (ley 25.871), reconocida como una regulación modelo a nivel regional e internacional y la aprobación de la ley de Salud Mental que garantiza el reconocimiento de la autonomía de las personas con padecimientos mentales y su capacidad para decidir sobre el tratamiento que deben recibir.
El diagnóstico del CELS también pone el foco sobre el Poder Judicial y asegura que está llamado a jugar un rol clave para la protección de derechos humanos. De acuerdo con el Informe, la apertura de canales de participación y control para reforzar su independencia y legitimidad; la ampliación de las vías de acceso; y la obtención de respuestas eficaces siguen siendo aspectos fundamentales en los que todavía no es posible hablar de un cambio estructural, pese a algunos buenos signos registrados a lo largo de los últimos años.
Respecto del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, el Informe destaca la declaración de los juicios como “política de Estado”, votada por unanimidad en la Cámara de Diputados en mayo de 2010. Durante el año que pasó se consolidó la realización de los juicios con 19 procesos finalizados, como resultado de los cuales 119 imputados obtuvieron sentencia y se alcanzó un total de 183 sentencias desde la realización del primer juicio en 2006 (168 condenados y 15 absueltos). Además las investigaciones se extendieron a temas nunca antes abordados por el Poder Judicial, como los delitos sexuales cometidos en centros clandestinos de detención (por primera vez fue condenado un imputado responsable de la violación de dos detenidas en un centro clandestino de Mar del Plata) y la responsabilidad de civiles en el accionar represivo. Pese al l inédito aumento en la cantidad de juicios orales finalizados, el Informe reitera que persisten serias demoras en la tramitación de las causas en diversas jurisdicciones del país.
Por otra parte, el Informe remarca que 2010 estuvo signado por una serie de acontecimientos de violencia con distintos niveles de responsabilidad policial, pero siempre protagonizados por fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales. La cantidad de muertos en hechos con participación policial en el Área Metropolitana de Buenos Aires siguió en aumento y se acumularon los casos de hostigamiento contra jóvenes varones de barrios humildes, una práctica cotidiana que cobra visibilidad en los casos en que la víctima termina muerta, pero cuya cara más rutinaria es la detención de adolescentes como eje de las políticas territoriales de seguridad.
Una línea de violencia policial y conflictividad sociopolítica se fue tensando entre hechos alejados como las represiones de Andalgalá, Don Torcuato, Bariloche y Formosa y cobró una resonancia mucho mayor a partir del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria que agredió a manifestantes que reclamaban por los derechos del personal ferroviario tercerizado. La Policía Federal, presente en el lugar desde el inicio de la manifestación tuvo, por acción u omisión, una responsabilidad insoslayable. A este hecho se sumó hacia fines de 2010 la violenta represión protagonizada por la Federal y la Policía Metropolitana en Villa Soldati, que produjo la muerte de tres personas durante los intentos de desalojo por la fuerza del Parque Indoamericano.
Los sucesos del Parque Indoamericano conjugaron en el distrito más rico del país algunas de las problemáticas más graves que enfrenta la Argentina en materia de derechos humanos. Por un lado, se evidenció la exclusión que padecen cientos de miles de familias que ven imposibilitado su acceso a derechos básicos como la alimentación, la salud, la educación o la vivienda en todo el país. Por otra parte, se puso de manifiesto también la respuesta violenta del Estado ante estas carencias. En el caso del Parque Indoamericano tomó la forma de un operativo represivo pero, como se ve a lo largo del Informe, esa misma violencia es la que se ejerce contra los jóvenes varones de barrios pobres que son hostigados de manera permanente por las policías o contra las miles de personas que se encuentran privadas de su libertad en condiciones inhumanas en cárceles, comisarías, institutos de menores o neuropsiquiátricos.
No obstante, el año que pasó, mostró también pasos en la dirección correcta a la hora de saldar esas deudas. Las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar a lo largo de 2010 obligaron a repensar formas de construcción de un Estado fuerte y protector, y este objetivo volvió a estar presente en los debates políticos. Sólo por ese camino será posible consolidar los logros obtenidos durante casi tres décadas de democracia, dejar atrás los peores legados de la dictadura y construir una sociedad más igualitaria.
Informe 2011: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzsbMiDsvU4bNzNlZDJlNDEtM2U4NS00ZDU1LWE3ZmEtNzdjYjdlMDQ3NDVl&hl=es
Fuente: http://www.cels.org.ar/
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